ONU: “El sistema penal argentino discrimina según procedencia de detenidos”

Politica, Sociedad
Un grupo de trabajo del organismo de visita en el país dijo: “Quienes están en situación de vulnerabilidad como niños, colectivo LGBTI, pueblos indígenas y migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos”.

“Quienes están una situación de vulnerabilidad como niños, colectivo LGBTI, pueblos indígenas y migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por sospecha de cometer delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, señalaron expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una presentación de sus conclusiones preliminares.

Expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte afirmaron: “protestas sociales son criminalizadas y reprimidas”.

“En nuestros hallazgos preliminares hablamos de sindicatos como grupos expuestos dentro de la selectividad de la justicia penal”, comentaron.

En particular, especialistas calificaron de “alarmante” la actitud “desproporcionada” que adoptan fuerzas de seguridad “ante manifestaciones de pueblos indígenas”.

La delegación de la ONU exhortó al Gobierno de Argentina a cambiar estas directrices y reanudar “el proceso de diálogo” con este colectivo.

El Grupo de Trabajo también tuvo constancia de “testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años de fuerzas de seguridad”.

Tras visitar 19 centros de privación de libertad y entrevistar a 200 personas, el comité de expertos cuestionó además la situación en la que se hallan personas discapacitadas privadas de libertad, que no acceden a recursos para vivir con sus familias y están recluidas en instituciones psiquiátricas durante años o décadas, sin posibilidades de que vuelvan a ser libres.

Expertos de la ONU lamentaron, por otra parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que restringe el ingreso al país y acelera la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o antecedentes.

“Tenemos serias preocupaciones sobre esto en cuanto a su alcance porque además es contradictorio con la propia ley de Migraciones vigente desde 2004″, añadieron.

Junto con otros tres integrantes del Grupo de Trabajo, Roland Adjovi y Steinerte recorrieron durante diez días la ciudad y Buenos Aires (este), jurisdicción de Chubut (sur) y Jujuy (norte).

PRISIÓN PREVENTIVA

Una de las conclusiones sobre su viaje es el alcance de la prisión preventiva, que afecta al 60 por ciento de la población penitenciaria.

Comisarías son utilizadas para albergar a personas en prisión preventiva e incluso ya condenadas, pese a que no están equipadas para eso, ni el personal tiene instrucción necesaria para actuar como agentes penitenciarios.

El grupo de la ONU también visitó a la dirigente social Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 en Jujuy (norte), acusada de corrupción y otros delitos en varias causas judiciales.

Al respecto, expertos se excusaron de realizar una evaluación sobre sus condiciones de detención, dado que “no sería apropiado que hiciéramos un comentario sobre esta etapa”.

“En esta visita no se trataba de un solo caso, analizamos la foto en general, todos los centros de detención, de modo que tiene que haber un momento de reflexión a la luz de lo que vimos”, justificaron.

La presencia en Argentina de la delegación de Naciones Unidas, por invitación del Gobierno, es a 15 años de su última visita, aunque su viaje “no necesariamente consiste en seguir el informe a partir de la visita en 2003″, detallaron.

Salvo “dos incidentes menores” durante su recorrido, expertos valoraron que en general existiera trato cordial en su diálogo con funcionarios nacionales, provinciales y locales.

“Cuando decimos que hablamos con autoridades, nos referimos a que nos reunimos con todas las ramas del Gobierno e individuos dentro de centros de detención seleccionados aleatoriamente para tener una idea de cómo funciona el sistema”, explicaron.

El Grupo de Trabajo presentará su informe final sobre la detención arbitraria en Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018.

Todas las observaciones que realicen deberán ser cumplidas por el Gobierno.

Escrito por Redaccion

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