El Gobierno insiste en no pagar pensiones por invalidez

Politica, Sociedad

Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno prometió restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos donde no sucedió a pesar del fallo de la Justicia a favor de damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no pagarlas.

El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de perjudicados por el recorte de pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho inmediatamente. A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que fue un “error administrativo” y daría de alta el beneficio a todos los que sufrieron la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación.

Ahora, el Gobierno apeló a la orden de la Justicia de reponer pagos de pensiones. Asimismo, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones. Desarrollo Social restableció hasta ahora la mayoría de pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016.

Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley en un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, que además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.

Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen planes de cobertura del Ministerio de Salud, como tratamientos de diálisis para personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, dio lugar a un pedido de la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social restablecer pensiones “inmediatamente”, en aquellos casos en que fueron suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.

“Fue un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó la abogada de REDI, Varina Suleiman.

La apelación era esperada por abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.

Escrito por Redaccion

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