Buscan avanzar con proyecto de reforma del Código con penas más duras por delitos de corrupción

Politica

El Gobierno, Corte y jueces avanzan en el proyecto, que busca aprobar en el primer semestre, que prevé cárcel para funcionarios, castiga enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes.

El nuevo Código Penal que busca ser sancionado en el primer semestre, supone penas severas por delitos de corrupción contra la administración pública.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, viene trabajando con un grupo de jueces, fiscales, abogados y funcionarios en un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal. Se trata de una comisión especial de 13 miembros creada por decreto por el Gobierno, impulsada por el ministro de Justicia Germán Garavano. Este proyecto odría comenzar a debatirse en el Congreso como parte del temario de sesiones ordinarias cuando el presidente Mauricio Macri brinde su discurso inaugural el 1º de marzo.

El actual Código prevé penas relativamente bajas y excarcelables en lo que refiere a delitos de corrupción.

Por malversación de caudales públicos las penas van de un mes a tres años, enriquecimiento ilícito (detenido Boudou), cohecho (coimas), o negociaciones incompatibles con la función pública (prevé de uno a seis años de prisión). La escala penal que se proponen son de cuatro y doce años.
En lo que refiere a enriquecimiento ilícito, se agrega la figura del testaferro y se amplían los plazos para investigar a un ex funcionario, pasaría a seis años posteriores a la cesación en el cargo público.

Por delitos de cohecho o coimas, y tráfico de influencias “se propone ampliar los supuestos agravados al caso del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado, gobernador, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicegobernador, vicejefe de Gobierno, intendente, legislador nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

Se limitan los plazos para hacer correr la prescripción de una causa cuando haya un caso de rebeldía y solicitud de extradición del imputado. El decomiso de los bienes se podrían incautar para el Estado en caso de que el investigado se dé a la fuga o si está comprobado que los bienes provienen de un ilícito sin necesidad de una condena.

El 7 de febrero, habrá una nueva reunión de los 13 miembros de la comisión, que ya planean un viaje a Mendoza en el marco de una serie consultas con las Justicias locales, que suelen tener una mirada particular sobre cada temática.

Escrito por CincoDias

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