El Gobierno pondrá más exigencias en la ley de ética pública

Politica

El Gobierno busca reformular la ley de ética pública y para eso ampliará las exigencias de la norma. La iniciativa no solo abarcará al presidente y sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores.

La norma busca controlar los conflictos de intereses, ya que en el gabinete de Mauricio Macri hay muchos hombres de negocios que vienen de empresas.

En cuanto a las declaraciones juradas, la iniciativa apunta a detectar no solo posibles enriquecimientos sino también incompatibilidades. De esta manera volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges convivientes e hijos menores de edad.

Además de publicar sus bienes, deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones.

El texto oficial propone que “quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales” deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales, un reclamo que viene agitando Elisa Carrió.

Sobre el capítulo de conflictos de intereses, se prohíbe realizar una actividad de en el ámbito privado donde el funcionario tenga atribuciones, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”. Cambiemos busca, así, controlar a los legisladores abogados que patrocinan juicios contra el Estado.

Asimismo deberán desprenderse de las acciones o títulos emitidos por sociedades vinculadas a su área. En el caso de Juan José Aranguren no habría podido asumir en Energía sin desprenderse de sus acciones en Shell. Estas acciones podrán ser vendidas o colocadas en un fideicomiso ciego.

El texto explicita que “el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”, aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado.

Escrito por CincoDias

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