Se animó a denunciar la venta de drogas en la cárcel: lo mataron de seis puñaladas

Policiales

Sólo tenía que sobrevivir una semana más.

Pero la conspiración era demasiado grande.

Sebastián Medina (31) cayó preso en 2013 en Tucumán, en la que sería la última de las varias caídas que tuvo su vida. Le dieron cinco años y medio por robo calificado y lo enviaron al penal de Villa Urquiza.

No hubo un día de visitas en el que Ana, su mujer, no estuviera ahí.

El primer año en el penal pasó sin grandes novedades. Sebastián, que ya tenía problemas de adicción, se enredó en esa paradoja tan argentina de conseguir más y mejor droga adentro de prisión que afuera. Ana recuerda que se hizo aficionado a la “alita de mosca”, una variante de cocaína ultra adictiva que inunda el país desde hace unos años. Su nombre se debe al cosquilleo -el aleteo- que provoca bajo la piel.

Al tiempo le ofrecieron vender lo mismo que consumía.

Parecía fácil. Y lo era. Sebastián sólo tenía que ir los días de visita -miércoles y domingos- a la panadería del penal y allí le entregaban las drogas que tenía que vender entre sus compañeros de encierro: “alita”, marihuana y pastillas. También le daban lo que le correspondía a él por involucrarse en eso.

Mil pesos. Y un par de dosis.

Un guardia le entregaba la mercadería y otro se ocupaba de pedirle que rindiera cuentas. Ana recuerda que cada vuelta eran unos 10.000 pesos que juntaba y entregaba.

Sin embargo, el camino se le empezó a hacer arduo a Sebastián. Ana no quería que se drogara más, lo veía cada vez más complicado y le rogaba que dejara. Se acercaba también el tiempo de su libertad y necesitaba estar entero para cuando se le abriera la puerta. Y así fue como, a mediados del año pasado, intentó salirse de su rol de vendedor.

Pero eso era algo que nadie quería. Sebastián hizo un primer intento y lo amenazaron con negarle los permisos de visita a Ana. Hizo otro y le anticiparon que existía la posibilidad de que a su mujer le “plantaran” algo cuando fuera a verlo. Volvió a hablarlo y le anticiparon que le llenarían el legajo de malos antecedentes para alejarlo de la libertad.

Ana le pidió que no aflojara y Sebastián siguió intentando. Fue a ver a un jefe del penal y denunció lo que estaba ocurriendo. Entró a su oficina, le dio nombres, lugares, horarios y situaciones y volvió a su celda. Se tiró en un camastro y enseguida se le aparecieron tres guardias a hacerle una requisa. Lo revisaron y le encontraron un celular que, según cuenta hoy su esposa, ellos mismos le habían dado. La falta le valió el traslado a un sector de máxima seguridad y el fin de toda comodidad.

Lo único que no le cambiaron fue la obligación de traficar.

Ana se dio cuenta pronto de que Sebastián corría el riesgo de no salir nunca de ahí. Desesperada, fue a ver al juez de Ejecución que tenía a cargo a su marido, Roberto Guyot, y le pidió que lo entrevistara.

-Sacámelo de ahí, me lo van a matar, le rogó.

El juez, asegura Ana, fue a ver a Sebastián y se encontró con lo que el preso tenía para mostrarle: las drogas que le entregaban los guardias. Otro detenido se sumó a la denuncia y así lograron que un guardia fuera separado de su puesto. Pero nada más.

Lo que siguió fue una paliza feroz para Sebastián, que terminó con la espalda hecha un solo moretón, hematomas en los costados y la cara rayada como si se la hubieran dibujado de rojo sangre. Ana contrató un abogado y le pidió que hiciera algo. El letrado presentó un “habeas corpus correctivo” y pidió un cambio urgente del lugar de detención, en un escrito en el que también aportó los nombres de tres guardias -incluso acusó a uno de ellos de haber ido a buscar una coima a la casa de su clienta-, describió el motivo de la golpiza y solicitó la intervención del fiscal de turno.

También habló del futuro. “Hubo un intento de homicidio ordenado por el personal penitenciario que no llegó a su objetivo porque un compañero (dio el nombre) lo defendió y se interpuso delante de los agresores, recibiendo él las puñaladas que iban con destino” a Sebastián, señaló el escrito, al que accedió Clarín.

Eso fue a fines de agosto pasado. El juez Guyot ordenó de inmediato sacar a Sebastián del penal de Villa Urquiza y alojarlo en la comisaría 7° de la capital tucumana, donde quedaría lejos del alcance de los guardias.

O, al menos, eso parecía.

“Yo ahí ya pensé que no iba a pasar nada”, dice Ana. “Estábamos tan contentos”.

La única nube que aparecía en el cielo era la demora de la Justicia Federal para citar a Sebastián a ratificar su denuncia por tráfico de drogas dentro de la prisión. Ana y él esperaban que algún fiscal los llamara para entregar oficialmente los nombres de una lista de guardias que el preso había ido elaborando a mano. Eran 20.

La libertad empezó a acercarse. Estaba ahí, a una semana nada más. Casi la podían tocar. El domingo 22 de noviembre, Ana fue a la comisaría a llevarle la comida a Sebastián. Pero cuando quiso dejarla, le anunciaron el final.

Un camión del Servicio Penitenciario se había llevado a Sebastián rumbo al Anexo I del penal de Villa Urquiza.

No era el único que estaba llegando al Anexo I aquel día.

El 27 de marzo de 2014, en el barrio Victoria de la capital tucumana, Alejandro “Pichi” Mendoza (18) se cruzó en el camino de dos chicas y las amenazó para robarles. Una de ellas, la jujeña Melanie Williams (23), se le tiró encima y él le clavó un cuchillo en el corazón con tanta precisión que cuando extrajo la hoja también se llevó su vida.

“Pichi” Mendoza estuvo dos meses prófugo, durante los que siguió robando. Por fin lo atraparon, fue a juicio y en marzo de 2016 lo condenaron a 18 años de cárcel. Jugado y dispuesto a todo, convertido en lo que en la jerga llaman “cabeza de fierro”, mientras esperaba nuevas sentencias se puso bajo las órdenes de los guardias. Alojado en Villa Urquiza, en la mañana de aquel domingo 19 de noviembre del año pasado se autoprovocó lesiones y los penitenciarios lo trasladaron al Anexo I.

Al enterarse de que se habían llevado a Sebastián a Villa Urquiza, Ana creyó morir:

-¿Están locos ustedes? ¿Quién lo ordenó?

-Recibimos un llamado de la secretaria del doctor Guyot, respondieron en la comisaría.

No tuvo que pensar mucho para saber que era mentira. Ana corrió al penal de Villa Urquiza y pidió ver a Sebastián, pero le dijeron que no había llegado. Desamparada, sin noticias, tuvo que irse.

Al otro día era feriado. No había nadie en el juzgado de Guyot. Tampoco alguien dispuesto a darle respuestas en el penal.

-Ana, sacame de aquí, me van a matar, la llamó Sebastián por teléfono público.

-Nadie me da bola, Sebastián, le confesó ella.

Tuvo que esperar al martes Ana, pero cuando llegó al juzgado le dijeron que el juez Guyot y su secretario estaban “en un curso”.

-Me está pidiendo por favor mi marido que lo saquen de ahí, que me lo van a matar, rogó.

No la ayudaron. La mujer volvió al penal y logró entrar a la visita, sólo para encontrarse con Sebastián reventado a golpes: en el camión de traslado lo habían molido. Tenía moretones en todo el cuerpo y, sobre todo, en el bajo vientre. No podía orinar. Ana recuerda que ella sólo podía llorar, mientras su marido le pedía que le presentara al juez Guyot un habeas corpus manuscrito por él mismo.

“Me trajeron al penal, a dónde me quieren matar todos”, dice esa carta. “Los policías y los internos ya me dijeron que me van a matar y en ninguna unidad puedo vivir. Acá me pega la policía y todos los presos están en mi contra”, señala. “Necesito que me den una audiencia en carácter urgente y que me saquen del penal, porque está todo mal conmigo”, avisa.

“Mi alma no está tranquila”.

Ana fue del penal al juzgado, pero el juez no apareció. Al día siguiente, miércoles 22, regresó a primera hora. Entregó la carta. Lloró. Se arrodilló. Volvió a llorar. A las 12.30 la llamó Sebastián.

-Por favor sacame. Me van a matar, le rogó.

La mujer se desesperó. Fue a buscar a su hija al colegio, le dio de comer y regresó al penal. Su marido la llamó otra vez, ahora para contarle que había visto cómo un preso, “Machilo”, le pasaba una arma a “Pichi” Mendoza en el baño.

-Ana, me van a matar, le confirmó.

Una hora después, familiares de otros presos salieron del penal y se toparon con ella. “Nos sacaron porque hubo una pelea”, le dijeron.

La mujer supo enseguida lo que había ocurrido. Les preguntó a los guardias pero no le respondieron. Corrió al hospital más cercano y ahí, cayendo la noche, le revelaron lo que ya sabía.

Ese mediodía, “Pichi” Mendoza había apuñalado a otro preso en el Anexo I. Pese a eso, lo habían dejado seguir en circulación. Por la tarde, cerca de las 16, a Sebastián lo mandaron al patio de recreo, un lugar donde suele haber una garita con cuatro guardias y otros seis entre los presos. Sin embargo, ninguno pudo ver lo que ocurrió.

Seis puñaladas le bastaron a “Pichi” Mendoza para matar a Sebastián.

Horas después, la abogada Silvia Furque le contaba a toda la prensa tucumana la verdad.

El director de Institutos Penales de la provincia, Guillermo Snaider, salió a responderle. “No podemos descartar ninguna hipótesis. Sin embargo, creemos que los problemas existen desde hace mucho tiempo. Ambos eran oriundos del barrio Victoria y habrían estado enemistados por problemas entre familias”, aseguró a La Gaceta. Le preguntaron por qué habían trasladado a Sebastián desde la comisaría y volvió a mentir. “Hubo un principio de motín en esa dependencia y por eso fue trasladado nuevamente al penal. No sabíamos cuál era el motivo, sólo cumplimos con el pedido del juez Guyot”.

El escándalo estalló y Snaider suspendió a 14 guardias. Pero lo imputaron por “desobediencia judicial” e “incumplimiento de los deberes” y renunció a su puesto. La fiscal Adriana Giannoni avanzó contra él y contra dos jefes del penal de Villa Urquiza, Fernando Cisterna y Walter Pato, a quienes logró encarcelar como presuntos responsables del plan para matar a Sebastián. En tanto, la Suprema Corte abrió una investigación contra el juez Guyot, quien antes de ser juez fue director del Servicio Penitenciario.

La causa por venta de drogas en el penal recién empezó a avanzar tras la muerte de Sebastián. Como él nunca fue citado a contar lo que sabía, ahora hicieron declarar a su esposa. Y al otro preso que se animó a denunciar a los guardias, cuyo nombre permanece en secreto.

Por ahora.

Escrito por CincoDias

Leave a Reply