La Alameda contra la Inspección General de Justicia

Politica, Sociedad

Cuatro funcionarios de la IGJ fueron denunciados penalmente por el titular de la Alameda al revelar, en dos canales de televisión, documentación protegida por el Código Penal. Quien encabeza la persecución es la Directoria de Entidades Civiles designada en la última dictadura militar.

igj

Gustavo Vera, titular de la Alameda, denunció con el patrocinio de Andrés D. Popritkin a cuatro funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).Vera les imputa revelar actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación).

La violación de la ley es mostrar actuaciones y documentos internos de la Inspección General de Justicia. Las actuaciones exhibidas tienen relación con una sanción impuesta por la IGJ a la Fundación Alameda.

Denunciados: Susana Graciela Junquiera (Directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas, todos ellos funcionarios públicos de la IGJ.

Los funcionarios de la Inspección General de Justicia tienen prohibido por ley “revelar actos de sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos” (artículo 23 de la ley 22.315 –Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia–).

Quien encabeza la persecución en la IGJ contra la Alameda es la directora de Entidades Civiles de la IGJ, Susana Graciela Junqueira, empleada del Ministerio de Justicia desde 1979 en plena dictadura militar hasta la fecha. Su hija trabaja en Jefatura de Gabinete de Ministros, particularmente en el Ministerio de Modernización desde agosto de 2016 hasta hoy.

La directora Junqueira tomó trascendencia en 2013 cuando el periodista Hugo Alconada Mon hizo una nota en referencia al nombramiento en el cargo de Dirección del Registro Nacional de Sociedades y cobró retroactivamente medio millón de pesos cuando ya ocupaba otro cargo.

Sobre esta irregularidad de Junqueira la ex empleada de la IGJ, Silvina Martínez, realizó una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el Juzgado de Luis Rodríguez y tiene como fiscal a Ramiro Gonzaléz.

Para el proceso de designación Junqueira en 2013 debía realizarse estudios certificando nuevamente aptitud psicofísica. Para esto presentó un certificado fechado en 1979.

Actual del titular de la IGJ, Sergio Brodsky: abogado que viene de la Franja Morada en la UBA, muy cercano a Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente del club Boca Juniors, y Dario Richarte, vicerrector de la UBA y también segundo en la ex SIDE en el gobierno de la Alianza.

La persecución de la IGJ salió primero en un informe televisivo “4D”, que conduce Luis Majul en el canal A 24. El 7 de marzo pasado se hizo referencia a Vera y la Fundación que preside diciendo que “está floja de papeles”.

En la denuncia se señala que la periodista Lucía Salinas hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente imagen espuria, sobre mi persona como la Fundación”.

En la denuncia Vera sostiene: “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas realizaron de actuaciones allí labradas”.

Por el escaso lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción y que la misma se divulgara en el mencionado medio de comunicación, queda en evidencia que no existió tiempo material suficiente para poner en marcha mecanismos formales y legales establecidos para que las copias de actuaciones en cuestión lleguen al poder de la periodista.

El 2 de abril próximo pasado, en el programa televisivo “4D”, Majul y Salinas mostraron una cédula de notificación dejada por debajo de la puerta en la sede de la fundación en av. Directorio 3998 (Parque Avellaneda), el miércoles 28 de marzo a las 20.30, cuando la Fundación ya se encontraba cerrada y no había ninguna persona que la recibiera.

Dos días posteriores, jueves 29 y viernes 30 de marzo, fueron feriados religiosos (Jueves y Viernes Santo), por el cual la administración pública nacional no trabajó y la Fundación permaneció cerrada. De seguido hubo otros dos días no laborales, por ser sábado y domingo (31 de marzo y 1º de abril).

La emisión del programa “4D” al que refiere Vera salió al aire el 2 de abril, día que también fue feriado nacional, por conmemorarse del “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”.-

El tercer paso de la operación mediática orquestada desde la IGJ fue el programa televisivo “TN Central” del 18 de abril por canal “Todo Noticias”, con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski.

Así, una vez más, exhibieron documentación y actuaciones, que vale recordar no es pública, de la Inspección General de Justicia y está prohibido que funcionarios la revelen.

El artículo 157 del Código Penal de la Nación establece: será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

La metodología de IGJ con las fundaciones ligadas al partido oficial es muy distinta a la que tienen con la Alameda.

Pensar, Suma, Pericles, Creer y Crecer son todas fundaciones con atraso en la presentación de balances, además fueron investigadas en juzgados federales, en la mayoría de los casos por lavado de dinero. Todas estas fundaciones oficialistas en la IGJ sabían que eran investigadas por la Justicia.

Fundación Pensar era investigada desde 2015 por una causa iniciada por pedido de la PROCELAC, cuando el entonces presidente de la fundación, el macrista Matteo Gorretti, que se habría beneficiado de fondos que les enviaba la administración de Hernan Lombardi cuando era Ministro de Cultura en Ciudad de Buenos Aires. Lombardi como Gorretti fueron sobreseídos por el juez Ariel Lijo, pero la Sala II de la Cámara Federal lo revocó y ordenó seguir investigando. Esto fue en agosto de 2016. Entre 2013 y 2015 recibió $11.500.000 en calidad de ingresos. Cuando la anterior directora de Entidades Civiles de la IGJ solicitó que aclaren quienes aportaron el dinero, solo aclararon el 25% de los donantes de 2014, el 15% de los donantes de 2015 y ninguno de 2013. Entre los aportantes de la Fundación Pensar está Despegar SA, Biblos SA, Air SRL, EXO SA, Minera Alumbrera, IRSA, OSDE, PC Arts Argentina, BFMyL SRL, Establecimiento el orden, VOD Argentina y Fibesa SA. El balance de 2014 fue presentado en 2016 y tuvo una observación por incremento registrado de casi medio millón de pesos, simplemente respondieron que corresponde al incremento de resultados de ejercicio.

La Fundación Formar de Guillermo Dietrich informó que en el balance 2012/2013 entregó donaciones a otras fundaciones por $200.000, además de organizar actividades con el Colegio Argentino de Ingenieros, Universidad Torcuato Di Tella, Austral y hasta una cena de recaudación de fondos en el Hotel Hilton. En el balance 2013/2014 volvió a donar $100.000 a distintas fundaciones. El balance fue presentado recién en 2016 y se le realizó una observación por $241.000 pesos en conceptos de catering. La fundación contestó que fueron gastos corrientes en todas las actividades de ese año. Una gran cantidad de dinero donada hacia estas fundaciones durante 2013 y 2015 fueron por parte de organismos del Estado, como Banco Ciudad, Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores, BRICONS SAICFI (proveedora del Estado), Bañado del Solado SA (proveedora del Estado), PLANOBRA SA (proveedora del Estado), Mejoramiento hospitalario SA (proveedora del Estado), Sadmitec – Lanusse UTE (proveedora del Estado), Pablo Pochat (Banco Comafi), Ángel Estrada y compañía SA, Friend Food SA (proveedora del Estado), Fiorito Factoring SA, SES SA (Nicolas Caputo). En total entre 2013 y 2015 la Fundación Formar recibió $6.000.000 en ingresos según lo declarado. El balance 2013 daba $445.500, el de 2014 paso a 893.480 y de 2015 ascendió a 1.096.098. En 2015 gastaron 1.3 millones de pesos en administración, 1.2 en seminarios y conferencias y 4.600.000 en “erogaciones” catalogadas como “especificas de la Fundación”. Cuando la directora de Entidades Civiles pidió informes sobre los $3.4 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria, la Fundación respondió que correspondían a ese ítem de “especificas de la fundación”.

La Fundación SUMA fue la gran protagonista del escándalo por el robo en la casa de Gabriela Michetti. La Fundación se creó en 2014. Ese mismo año presentó todos los papeles que la IGJ requería, pero no llegó a hacerlo por que la Fundación los presentó voluntariamente. En 2015 cuando la ex directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes aportaron dinero, no contestaron. En 2014 los donantes fueron Banco Santander Río, Pan American Energy (PAE), Fundación Banco Macro, OPM Inmobiliaria SA (Rukán), Farmacity, Banco Comafi, Fliacer Participaciones SA, Banco Galicia, Julián Harguindey, Marina Klemensiewicz, Roberto Paullier Ferber Roberto, Lidia Saya, Carlos Brum, Alejandro García, y Martín Borelli.

Escrito por Redaccion

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