Ordenan investigar la gestión de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción
El gobierno de Alberto Fernández dispuso impulsar una auditoría sobre todas las compras y contrataciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri para la Oficina Anticorrupción (OA), que estuvo a cargo de Laura Alonso, sin lugar a dudas, una de las ex funcionarias más sospechadas por su desidia a la hora de investigar hechos de corrupción cometidos en el anterior gobierno, y obsesionada únicamente por quienes formaron parte de las administraciones kirchneristas.
La decisión se tomó a partir de un pedido que el actual titular de la OA, Félix Crous, le hizo a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo de control interno del Estado que realiza auditorías periódicas en todas las dependencias del Gobierno.
Crous informó que detectó “una serie de irregularidades” en contrataciones de servicios y compras para la Oficina Anticorrupción, por lo que y desde la Sigen ordenaron realizar una auditoría especial e integral, que estaría lista dentro de un mes, y que en definitiva tendrá como objetivo monitorear la gestión de Alonso, al frente del organismo desde diciembre de 2015 hasta el mismo mes del año pasado.
Mientras en la Oficina Anticorrupción y en la Sigen no quisieron brindar detalles de la investigación, pudo saberse que la disposición para analizar cómo se manejaba la OA en tiempos de Alonso se tomó en las últimas horas en una reunión que mantuvo Crous con el síndico General de la Nación, Carlos Montero.
De acuerdo a lo que precisaron fuentes del organismo nacional, en el Gobierno pusieron la lupa sobre presuntos trabajos de consultoría que habrían sido brindados a la OA durante la gestión anterior.
Por otra parte, un informe del canal C5N que trascendió en los últimos días, reveló mails internos de personal de la OA que hacían alusión a una persona que figuraba como “capacitador de arrepentidos” y a una empresa que analizó cables de WikiLeaks.
Como no podría haber sido de otra manera, cerca de Alonso revelaron que existió un “hackeo” de los correos de una empleada y que evalúan realizar una denuncia judicial porque podría tratarse de una intromisión ilegal en la correspondencia.
Entre los mails que trascendieron periodísticamente figuran averiguaciones sobre “los honorarios y la modalidad de contratación” de una persona de apellido “De Luca” que en el correo figura como “capacitador sobre arrepentidos”. radical de Santa Isabel.
