La justicia postergó hasta el 1 de octubre el desalojo del predio ocupado en Guernica
Un juez de La Plata aceptó el pedido del Gobierno bonaerense y postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, en una medida que apunta a logra una salida «pacífica» para el problema, informaron voceros judiciales.
La medida fue tomada por el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, quien pospuso el desalojo para el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes, según confiaron a Télam fuentes con acceso a esta causa.
El magistrado hizo lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien pidió que se adopte esa medida para «continuar negociando una salida sin violencia», con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
En el pedido, Larroque presentó al magistrado los resultados del censo finalizado ayer, donde 1.904 personas respondieron a la encuesta y 650 de ellas indicaron que son de Guernica. El resto pertenece a distritos cercanos.
En el total, Almirante Brown, con 75 familias, es el segundo partido en cantidad de personas que ocupan los terrenos en forma ilegal.
En el fallo, al que tuvo acceso Télam, el magistrado consideró que “el norte de esa estas decisiones no es otro que dar una salida pacífica a la decisión que fuera adoptada y confirmada por el Superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes”.
“Lo que aquí se esta resolviendo entonces no es dejar sin efecto la orden librada, sino su postergación por este plazo razonable, donde a su vez se extenderán las medidas cautelares que fueran dictadas y prorrogadas tiempo atrás, como la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos”, remarcó Rizzo en su resolución.
El juez tuvo en cuenta también que, a criterio de los funcionarios que integran el Gobierno Provincial, y conforman el dispositivo interministerial, que los diez días venideros serían «cruciales para lograr una desocupación pacífica de los predios».
El director provincial de Atención Inmediata del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza, explicó hoy que “la etapa de ordenamiento se ha realizado por el esfuerzo de la Provincia con el Municipio (Presidente Perón) y Nación para terminar el censo y buscamos que las personas abandonen voluntariamente el predio”.
“Contamos con el acompañamiento de los ministerios, la municipalidad y estamos trabajando con los representantes de la toma. Nosotros creemos que las tomas no son la solución al problema habitacional, pero no podemos desconocer que hay una problemática social que lleva a estos procesos”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Provincia.
El juez Rizzo había dispuesto que el desalojo debía realizarse mañana, en horas de la mañana, en un operativo que iba a ser comandado por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
La toma se desarrolla en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias desde hace unos dos meses y una Mesa de Articulación lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.
Esta Mesa está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia.
También participa la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras que fueron ocupadas en julio pasado.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal y ratificó el primer fallo formulado por Rizzo como juez de Garantías en ese sentido.
Según la resolución judicial, «se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública», que deberá realizar el procedimiento «con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes» y recurrir «al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible».
Además, establece que «deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran».
La Cámara estableció también que «deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19″.
En la resolución emitida hoy el juez ordenó que el 1 de octubre se deberán respetar las condiciones establecidas en el fallo dispuesto por la Cámara de Garantías.
