El caso de Maia revela «déficit de políticas públicas para niños en situación de calle»
La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, aseguró que la desaparición de Maia, la niña de siete años que fue llevada por un hombre en bicicleta el lunes pasado, pone de manifiesto «el déficit de políticas públicas en materia de niños en situación de calle» que en la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por «bajos subsidios y pocas plazas disponibles en paradores».
El caso de Maia Yael Beloso «pone de manifiesto de la forma más cruel un fuerte déficit en materia de políticas públicas para abordar el desamparo que viven las niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle», dio Graham.
La defensora consideró que «el problema de personas que habitan las calles en las grandes ciudades y sus suburbios es extendido en el mundo, más agudo aún en aquellos países cuyo índice de pobreza es elevado, y donde se hacen presente con agudeza las desigualdades sociales».
En este sentido indicó que según datos del Indec «para los 31 aglomerados urbanos, la pobreza alcanza actualmente a 6 de cada 10 niños y la indigencia a 2 de cada 10».
«Esta situación estructural se ve agravada en el mundo y en nuestro país en particular por la afectación de la pandemia que ha elevado los números de pobreza e indigencia que golpean especialmente a las poblaciones de niñas, niños y adolescentes», resaltó.
Para la Defensora, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde desapareció Maia, la Defensoría del Pueblo alertó en 2019 «sobre las deficiencias de las políticas públicas en relación a las personas en situación de calle, remarcó entre otras cosas: subsidio de bajo monto y paradores con plazas insuficientes».
Refirió además que un censo realizado por organizaciones sociales y organismos de control del gobierno porteño se indicó que en ese distrito «existían 7.251 personas en situación de calle de las cuales 5.412 no tenías acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con la ciudad, 871 (el 16%) eran niños, niñas y adolescentes y 40 mujeres embarazadas».
Graham aseguró que así como la Ciudad de Buenos Aires «todas las grandes ciudades y sus conurbanos del país deben contemplar políticas, dispositivos, acciones concretas y articuladas entre jurisdicciones, tendientes a paliar esta situación y atendiendo el interés superior del niño».
La defensora elogió el sistema de Alerta Sofía implementado por el Gobierno nacional para actuar en este tipo de casos e instó a que «la niñez y adolescencia en situación de calle permanezcan en la agenda política hasta que se resuelva su protección efectiva en el corto plazo».
