La ONU consideró «arbitrarios» los juicios contra Baltasar Garzón
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró «arbitrarios» los juicios realizados contra el juez español Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado durante once años por prevaricato al investigar un importante caso de corrupción.
Garzón, de 65 años y célebre por haber intentado extraditar en el año 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet, fue expulsado de la carrera judicial en 2012 por ordenar escuchas ilegales en el caso de la red de corrupción conocida como «Gürtel», vinculada al conservador Partido Popular (PP), entonces en el poder.
También fue juzgado por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco a pesar de una ley de amnistía general aprobada en España en 1977, caso por el que fue absuelto.
El exmagistrado, que desde entonces se dedicó a la abogacía y representó relevantes figuras como el ciberperiodista, Julian Assange, interpuso en 2016 una denuncia ante las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos le dio ahora la razón.
En un comunicado, el organismo dijo que en ambos casos, las decisiones de Garzón se pueden interpretar como «acordes a la ley», informó la agencia de noticias AFP.
El texto agregó que «aun en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante el procesamiento penal del exjuez«.
«Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial», explicó José Santos Pais, miembro del Comité.
El organismo de la ONU también puso en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo español, que juzgó a Garzón en ambos casos, y criticó que «los procesos fueron tramitados simultáneamente» y que «los juicios orales por las dos causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia y las sentencias se dictaron con 18 días de intervalo».
La «trama Gürtel», una de las que provocó los juicios contra el magistrado, generó un terremoto político en España en 2018, cuando 29 personas vinculadas al PP fueron condenadas por corrupción y la misma formación se consideró «partícipe a título lucrativo».
Esa sentencia precipitó una moción de censura de la oposición que desbancó al presidente del Gobierno conservador Mariano Rajoy, quien fue reemplazado por el socialista Pedro Sánchez.
