La UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, llegaron este lunes a un acuerdo que obliga a las empresas a pagar el 75 por ciento del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron forzadas a paralizar sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia.

«Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas», señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

Los representantes de los diversos sectores convinieron que el monto a abonar a los trabajadores como «prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento» del haber neto.

El documento ya fue firmado por representantes de las tres partes, incluido el Gobierno. Asimismo, quedará homologado por una resolución específica que el Poder Ejecutivo oficializará en las próximas horas.

El Documento

El texto consensuado establece que aquellos trabajadores que no cumplieron con sus tareas habituales ante la paralización de actividades impuesta por la cuarentena podrán ser suspendidos por sus empleadores con la garantía del pago del 75% de su salario neto.

Por otra parte, se encuentra la autorización de suspensiones que no regirá para el caso de adultos mayores, trabajadores de grupos de riesgo, enfermos, embarazadas, o personal dedicado a tareas bajo el esquema de teletrabajo, los que seguirán cobrando la totalidad de su salario habitual.

También quedarán fuera del régimen de suspensiones con el pago del 75% del salario aquellos empleados que se desempeñen en actividades que quedaron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento, como el caso de los trabajadores del sector sanitario.

El encuentro tripartito, según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus, y se rubricó para «despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios», indicó el documento.

Funcionarios, sindicalistas y empresarios analizaron una variada agenda de temas, como la situación derivada de la irrupción del virus en un contexto de «economía recesiva desde hace años y la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su impacto en una mayor retracción de la actividad», puntualizó.

Se analizaron «los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas».

«Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario», puntualizaron las partes intervinientes.