Bolivia| La Justicia destituyó a 11 jueces por fallos irregulares
El Consejo de la Magistratura (CM) de Bolivia anunció el jueves la destitución de 11 magistrados y la apertura de averiguaciones contra otros siete, como consecuencia de una investigación sobre fallos que sacude al sistema judicial del país.
«Hemos logrado detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura ha determinado el día de hoy cesar en sus funciones a 11 jueces de ejecución penal y mandar a proceso disciplinaria a siete jueces«, anunció el presidente del CM, Marvin Molina, informaron las agencias de noticias boliviana ABI y la rusa Sputnik.
Esta destitución se produce un día después de que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, revelara que las investigaciones de la corrupción judicial habían detectado al menos 135 casos de condenados que fueron favorecidos ilegalmente con detención domiciliaria.
Diez de esos casos fueron recapturados en los últimos días, agregó Prada.
De acuerdo con Molina, el CM revisó más de un millar de expedientes de casos judiciales de feminicidios, infanticidios y violaciones, en los que se detectaron las irregularidades, principalmente órdenes irregulares de libertad de los condenados emitidas por juzgados que vigilan la ejecución de penas.
«Hemos terminado las intervenciones, consideramos que el Consejo de la Magistratura ha tenido un rol fundamental para el esclarecimiento de estos hechos. Esperamos que en el futuro este tipo de actos y de hechos de carácter irregular no vuelvan a ser cometidos por autoridades jurisdiccionales», afirmó el magistrado.
Entre los jueces destituidos figura Rafael Alcón, quien otorgó prisión domiciliaria a finales de 2019 a Rubén C., apodado como el descuartizador, quien asesinó a una mujer en 2004, fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en Santa Cruz.
El feminicida volvió a cometer asesinatos cuando estaba supuestamente en detención domiciliaria, caso cuyo descubrimiento desató el escándalo.
También a Félix. A. F. G., sentenciado también a 30 años de cárcel por el asesinato de una joven modelo en 2001 en Cochabamba, y Lionel C. sentenciado a 30 años de cárcel por violación y asesinato de una menor de edad en el 2009.
Las investigaciones reportadas por Molina y Prada forman parte del trabajo encomendado por el presidente Luis Arce a una comisión de altas autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de representantes de organizaciones femeninas y de derechos humanos.
