Aldo Abram, Director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso opinó que la flexibilización del consenso fiscal “va en la misma línea de los instrumentos que han aplicado ahora para lograr bajar el déficit primario, que es no ajustar el gasto público que le conviene a la política, sino ajustar a los jubilados; a quienes se les va a quitar los subsidios, lo cual está bien, pero lo que no está bien es que desde el gobierno no hagan su propio ajuste” y agregó que, «dado que para hacer ese ajuste uno de los instrumentos es bajarle las transferencias a las provincias, negociaron con ellas la flexibilización del consenso fiscal. De forma tal que lo que no reciban de las transferencias de la Nación, lo pueden compensar con impuestos propios. Nuevamente ajustan a la gente pero no ajustan la política».
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explica que “el sector público nacional debe avanzar rápidamente hacia un menor déficit fiscal para reducir los niveles de inflación y de crecimiento de la deuda. Bajo este escenario, es probable que parte de la reducción de gastos sea vía menos transferencias a provincias, la mayoría de las cuales tienen resultados fiscales superavitarios”.
Marí agregó que “el Consenso Fiscal, que habilita a las jurisdicciones a subir impuestos, funciona entonces como una garantía. Si una provincia pierde transferencias nacionales, las podrá compensar subiendo impuestos. El problema es que esto aumentaría aún más la presión tributaria total sobre la economía, asfixiando aún más al sector privado y repercutiendo negativamente sobre la inversión y el crecimiento económico”.
Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que “dado el contexto macroeconómico que está viviendo el país, sería un despropósito que las provincias presionen aún más de manera impositiva al sector privado. Por el contrario, en caso de que se concrete la disminución de las transferencias nacionales, deberán ganar eficiencia para poder financiarse mediante los ingresos propios. En otras palabras, el ajuste debe caer sobre el sector público, dado que el privado no puede soportar mayor presión”.
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