«Ley de Barrios Populares»: Qué buscará aprobar Diputados y que opinan las Organizaciones Sociales

Si bien la Ley  Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana o “Ley de Barrios Populares” fue sancionada en 2018. A cuatro años de su sanción, Diputados buscará modificarla y así poder “prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre”.

Incluida en el temario que se desarrollará este miércoles próximo, se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo en su génesis, pero que tuvo dictamen con un alto consenso político, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas.

Se propone además la declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

 

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Las distintas organizaciones sociales y políticas integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron a favor de este cambio en la normativa y sostuvieron que “Esta ley nacional de barrios populares es fundamental: se trata de obras que pueden cambiarle la vida a una familia, de algo tan básico como garantizar agua potable en un barrio y garantizar que nadie viva con miedo a ser desalojado por vivir en un barrio popular».

 

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli (Patria Grande) afirmó que es «indispensable aprobar este proyecto porque necesitamos actualizar, mejorar y profundizar esta ley para poder seguir implementando una política» que «nos ha permitido llevar adelante un proceso de inversiones concretas para resolver algunos de los déficits internos de nuestro país».

 

En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato defendió la iniciativa sancionada en 2018 al sostener que «fue un paso muy importante» en procura de la urbanización de los barrios populares y señaló que «estamos en camino a construir una política de Estado, que deberá sobrevivir muchos gobiernos, ya que la urbanización de estos más de 5.000 barrios populares nos va a llevar unos 20 años».

A su vez, la legisladora del Interbloque Federal Graciela Camaño dijo que es necesario «ratificar una política de Estado para los más desposeídos» y señaló que «entre todos pudimos avanzar en una redacción que nos satisfaga a todos para que pueda llegar a ser algo fructífero».

La legisladora Natalia Zaracho del FDT (Patria Grande), por su parte, aseguró que la ley sancionada en el 2018 «nos permitió tener un certificado de vivienda» y remarcó que «implica que podamos tener un DNI, que el correo llegue a una dirección, que las compañeras que sufran violencia de género puedan pedir un patrullero, que podamos hacer que entre la ambulancia».

¿Qué dice el resto de la Ley?

El Proyecto aprobado en octubre de 2018 (con 60 votos afirmativos), declaró básicamente de «utilidad pública» y sujeto a expropiaciones, las tierras en las que se asientan villas de emergencia. Se trata de 4.400 asentamientos urbanos precarios a cuyos habitantes se les otorgará certificados de viviend familiar.

Aquella iniciativa fue impulsada por organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y abarca los terrenos que cubren una superficie de 415,5 km2, donde están localizados un aproximado de 4.400 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes los certificados de vivienda familiar.

Dichos barrios son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales y ONG’s. Asimismo, la ley establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.

En este punto, y de acuerdo al relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.También, según el relevamiento, el 68% de los barrios tienen menos de 150 familias; el 55% se desarrolló previo al 2000, el 26% durante la década del 2000, el 14% entre 2010 y 2013, y el 4% entre 2014 y 2016.

De acuerdo al texto, el expropiador será la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en conjunto con el súper Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el objeto de transferir los bienes inmuebles. En ese sentido, la tarea de la AABE será «individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas».

Finalmente, la iniciativa establece que los gastos del proceso «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes», al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso para «financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».

Vale recordar que aquella vez, sólo los senadores de La Pampa y de Formosa manifestaron su postura en contra del Proyecto