El Ministerio de Seguridad aprobó el protocolo que regula la vigilancia en Internet
Luego de un proceso de consulta con diversos actores y organizaciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó un nuevo protocolo para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas a través de la resolución 144/2020, publicada ayer en el Boletín Oficial.
El protocolo, vigente durante el período de la emergencia sanitaria, establece principios, criterios y directrices generales para las actuaciones de prevención del delito que desarrollan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad mediante el uso de fuentes digitales abiertas.
El nuevo protocolo aprobado incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil como por ejemplo principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo y violatorio de las tareas de investigación. También establece que la capacitación y formación a las personas encargadas de estas tareas incluyan perspectiva de derechos humanos.
Sin embargo, la guía aprobada aún autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta. Este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Por esta razón, la investigación en fuentes abiertas debería aplicarse en situaciones muy excepcionales, con el debido marco legal, y con un amplio debate parlamentario con participación social.
“Desde Amnistía Internacional valoramos el proceso de diálogo y participación abierto por el Estado para construir en conjunto este protocolo. Especialmente en tiempos de emergencia sanitaria es importante que la perspectiva de derechos humanos guíe las políticas públicas. Como normativa que busca incrementar los poderes de vigilancia, los principios, criterios y directrices deben ser establecidos con el mayor grado de precisión posible, a fin de evitar que queden supeditados a discrecionalidad de funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La tecnología puede y debe desempeñar un papel importante durante este esfuerzo para salvar vidas. Sin embargo, en este marco de excepcionalidad y conforme lo establece el derecho internacional, es esencial que las medidas restrictivas de derechos que se adopten en un estado de emergencia sean necesarias, legítimas y proporcionales.
