A dos años de la histórica ley de aborto, persisten a nivel federal los desafíos para su plena implementación: el caso de Tierra del Fuego
Se cumplieron dos años de la icónica madrugada en que el Congreso de la Nación, gracias a la lucha de millones de mujeres y de diversos sectores sociales, aprobó la ley de aborto. En un mundo donde hay países que restringen este derecho, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva.
Si bien en el primer año y medio de implementación de la norma se registraron 106.764 prácticas en centros de salud públicos de todo el país, aún persisten barreras en el acceso a este derecho relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación, y a situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado.
En tal contexto, Amnistía Internacional realiza un monitoreo permanente sobre las políticas implementadas por el Estado nacional y los Estados provinciales en torno al acceso a abortos de calidad. Dicho trabajo incluye viajes y entrevistas a referentes y autoridades de distintas provincias, y acompañamiento a decenas de mujeres y personas gestantes que enfrentan obstáculos al momento de querer realizar la práctica.
“Tras la aprobación de la ley y luego de mucho manifestarnos y trabajar por la conquista del derecho a la interrupción del embarazo, ahora toca monitorear para garantizar su efectivo cumplimiento. Desde nuestra organización, durante 2022, documentamos los obstáculos que persisten en la garantía de la práctica y, sin dudas, no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan, por fin, ser efectivamente iguales ante la ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
