Presentan un proyecto de ley para agravar las penas para el tráfico de órganos

El diputado nacional de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para agravar las penas por la comercialización y tráfico de órganos humanos, con el objetivo de garantizar y reforzar los derechos de las personas, modificando la actual Ley Nacional 27.447 en sus artículos 3, 44, 45 y 46.

«Revisando la ley de transporte de órganos, que es muy buena y pionera de forma mundial, encontramos que tenía una gran deficiencia porque las clausulas penales, es decir los delitos que se pueden cometer a partir del trafico de órgano o a partir de inducir otra persona para que te entregue o venda un órgano no estaba previsto para el común de la población solo para los facultativos médicos y auxiliares de la medicina que intervenían en un proceso», explico el funcionario.

«Y agregó:»Si alguien te hostigaba a vos por una situación de vulnerabilidad que entregues una cornea o determinaba el cambio de un órgano por dinero no estaba previsto dentro de la ley»

La nueva normativa, propuesta por el diputado Gutiérrez, define con claridad que comprar, vender o traficar órganos en la Argentina será un delito grave.

«En la república argentina quien venda y trafique con bienes vitales como los que están en nuestro cuerpo cometerán un delito y un delito grave»,  sentenció.

Bajo estos fundamentos, se refuerza penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos.

El proyecto avanza penalmente sobre el determinador, el instigador, el promotor, el facilitador y el partícipe, agregando a la cadena de ilicitud la preparación, el almacenaje, el transporte y el tráfico de órganos y tejidos humanos.

Se suman, además, penalidades para el receptor del órgano de mala fe que a sabiendas del origen ilícito avala la operatoria.

Cabe recordar que, bajo la ley actual, solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos. Con el nuevo proyecto, ya no habrá mas vacíos legales. Ahora, comercializar, participar, almacenar, distribuir o traficar órganos humanos puede ser un ilícito cometido por cualquier persona y será penado con hasta 12 años de prisión.

Los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, además de perder la libertad, serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar.

Se establece como agravante el concurso premeditado de tres o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos.

También incorpora como delito agravado la “subasta física y en red de órganos” y el “turismo de comercialización e implante de órganos”. De ahora en más, no sólo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente.

Esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentino de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales.

Ante el presente contexto electoral de la Argentina, en el que candidatos presidenciales han llegado a plantear la legalización de la libre compra y venta de órganos, el diputado Gutiérrez advirtió que «La idea de Milei propone la compra venta libre de órganos, pero lo que no dice es que si se libera ese mercado te van a secuestrar un hijo por un riñón” y agregó que «es urgente que reforcemos penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos”.

En ese sentido, señaló que “con esta iniciativa sumamos penalidades para el receptor del órgano de mala fe a sabiendas del origen ilícito ya que con la ley actual solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos”.

Asimismo, el legislador nacional sostuvo que “ya no habrá más vacíos legales porque ahora cualquier rol en esa cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado con hasta 12 años de prisión”.

Por último, manifestó que “esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentino de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales”.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez es abogado y docente, coautor del Manual de DDHH y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, y es presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Honorable Cámara de Diputados.