Los pedidos fueron formulados en el marco de la audiencia pública virtual convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Ese organismo realizará otra consulta el lunes 29 de enero para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue uno de los jefes comunales que participaron de la audiencia pública donde aseveró: «No podemos permitir que los sectores más postergados financien a las empresas energéticas y reciban un pésimo servicio».

Durante su intervención, el jefe comunal bonaerense expresó su preocupación por los aumentos solicitados y advirtió que «se proponen aumentos exponenciales para un servicio que en nuestro distrito funciona cada vez peor ya que, en Esteban Echeverría, el año pasado hubo un 84% más de usuarias y usuarios afectadas/os por cortes de luz que en 2022».

La audiencia pública estaba convocada para la 8.30 pero comenzó con 1 hora y 45 minutos de retraso. Luego tuvo un desarrollo accidentado «por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad», dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

La justificación del Gobierno a los aumentos

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una «readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria», en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una «nueva conceptualización» para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

«Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real», manifestó, al tiempo que criticó que luego de «dos décadas de disfuncionamiento energético» se haya generado una tarifa «carente de toda razonabilidad», con «un fomento del consumo sin control» que dejó al sistema «al borde del colapso».

Asimismo, indicó que los subsidios a la generación demandaron al Estado en 2023 una erogación de US$ 4.800 millones y que para 2024, si no se efectúan cambios, la proyección elevaría ese monto a US$ 5.230 millones.

El funcionario precisó que el año pasado la tarifa «sólo cubrió el 45% del costo total» y el 30% del VAD (Valor Agregado de Distribución).

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como «propuesta de cambio» la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, «subsidiando situaciones de vulnerabilidad» en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.

«Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos«, señaló, para agregar que «hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal».

Con ese criterio, Beljansky sostuvo que «los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán».

La suba que piden Edenor y Edesur

Por su parte, el representante de Edenor, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de los clientes de la compañía.

De esa forma, explicó, la factura promedio pasará a ser de $ 7.619, que representa un incremento diario de $ 246.

Ese aumento promedio de 89% sería del 47,1% para los usuarios del Nivel 1, de mayores ingresos (de $ 7.018 a $ 10.299), del 147,9% para los del Nivel 2, de ingresos bajos (de $ 2.570 a $ 6.341) y del 128,2% para los del Nivel 3, de ingresos medios (de $ $ 3.161 a $ 7.214).

Asimismo, para un 10% de consumos altos el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio, siempre respetando consumos similares a los que se venían registrando.

Por su parte, Jorge Lemos, de Edesur, advirtió que la audiencia se convocó «sólo para analizar el impacto de la inflación en la remuneración» de la empresa «y no la conclusión de una revisión tarifaria», por lo que no dio precisiones sobre incrementos solicitados, pero remarcó que «es necesario contar con una adecuación sistemática y efectiva».

Al respecto, cuestionó que la región de AMBA tiene «una de las tarifas más bajas del país y no existe justificación técnica para este desbalance», además de recordar que «Edesur no recibe ningún tipo de subsidios (se concentran exclusivamente en la generación) y es correcto que así sea».

Lemos, detalló que de cada mil pesos que paga el usuario en la factura, Edesur recibe 270 pesos y ese es «el único recurso con el que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades».

 

El lunes 29 de enero serán considerados los pedidos de las transportadoras, con la participación de 46 expositores inscriptos. En esa oportunidad, se conocerán las propuestas de Transener, Distrocuyo, Transnea, Transba, Transpa, Transnoa, Transcomahue y el Ente Provincial de Energía del Neuquén.