En octubre se celebrarán las elecciones legislativas más importantes de los últimos tiempos. No solo estarán en juego bancas nacionales en el Congreso, sino también cargos provinciales y municipales que definirán el mapa político de los próximos años. Sin embargo, esta elección tiene una particularidad que la distingue de las anteriores: llega en un contexto donde el debate sobre el tamaño del Estado y la necesidad de reducir el gasto público ya no es marginal, sino central en la conversación política y social.
Desde hace décadas, Argentina enfrenta un problema estructural: el tamaño creciente del gasto público, que ha asfixiado la economía, alimentado la inflación y frenado el crecimiento sostenido. La presión fiscal sobre ciudadanos y empresas es una de las más altas del mundo, y sin embargo, los servicios públicos siguen mostrando profundas falencias. La lógica del “más Estado” como solución universal está en crisis. Por eso, que las ideas de eficiencia, austeridad y racionalización del gasto lleguen al Congreso no es un lujo: es una necesidad urgente para salir del estancamiento crónico.
El Congreso es clave en este proceso. Las leyes de presupuesto, las asignaciones de recursos, los regímenes de coparticipación y los marcos regulatorios de sectores enteros de la economía se deciden allí. Si el Congreso continúa dominado por fuerzas políticas que sostienen el gasto descontrolado como modelo, será muy difícil lograr un cambio real. En cambio, si se fortalecen los espacios que impulsan una baja sustancial del gasto público, se podrá comenzar a revertir la dinámica perversa de gasto, emisión e inflación que carcome la calidad de vida de todos los argentinos.
Pero no se trata solo de una cuestión nacional. Cada provincia, cada municipio, también tiene su propia estructura de gasto, muchas veces hipertrofiada e ineficiente. El federalismo argentino necesita una profunda modernización, donde las autonomías provinciales vengan acompañadas de responsabilidad fiscal, equilibrio de cuentas y menos dependencia del Estado nacional. Llevar el mensaje de la austeridad, la responsabilidad y la transparencia a todos los rincones del país es esencial para que el cambio no quede encerrado en Buenos Aires, sino que se traduzca en una transformación profunda y federal.
Un dato alentador de estas elecciones es la implementación de la boleta única en varias provincias, y su discusión creciente a nivel nacional. Se trata de una herramienta moderna que permitirá reducir notablemente los costos de impresión de boletas, transporte y logística electoral.
Años anteriores, el sistema tradicional favorecía a los aparatos políticos más grandes, quienes podían garantizar la presencia de boletas en cada mesa de votación, algo muy costoso y difícil para fuerzas emergentes. Con la boleta única, el proceso se simplifica: el votante elige en un solo papel todas sus opciones, lo que no solo abarata el sistema sino que también reduce prácticas fraudulentas como el robo de boletas o la confusión premeditada del electorado.
La transparencia electoral también se verá fortalecida. La boleta única permite un conteo más ágil y más seguro, minimizando errores humanos y reduciendo las posibilidades de manipulación. En un país donde la confianza en las instituciones está tan deteriorada, mejorar la transparencia en los procesos electorales es un paso esencial para recuperar la legitimidad democrática.
El costo de la política ha sido otro tema recurrente en los últimos tiempos. No solo se discute el gasto político por sus altos sueldos y privilegios, sino también por el gasto colateral que implica cada proceso electoral. Implementar mecanismos más eficientes, como la boleta única, va en línea con el reclamo social de una política más austera, que dé el ejemplo y no viva de espaldas a las necesidades de la población.
En síntesis, las elecciones de octubre serán una bisagra. No solo por la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, sino porque representan una oportunidad única para avanzar hacia un Estado más austero, más eficiente y más transparente. Las ideas de reducción del gasto público, de responsabilidad fiscal y de modernización de los procesos electorales deben instalarse con fuerza, no como consignas aisladas, sino como ejes centrales del debate democrático.
Será tarea de los ciudadanos, con su voto, impulsar este cambio. Y será tarea de los nuevos legisladores, si eligen asumir ese compromiso, convertir esas ideas en leyes, en políticas públicas, en realidades concretas. La Argentina que queremos no puede sostenerse sobre un Estado elefantiásico, ni sobre mecanismos electorales arcaicos y opacos. Octubre ofrece la oportunidad de empezar a construir un país distinto: más libre, más justo, y más moderno. No podemos dejarla pasar.
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