Curas «Villeros» piden extremar medidas en barrios carenciados

Desde la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, el padre José María “Pepe” Di Paola exhortó al Gobierno la necesidad de medidas en villas y asentamientos.

En un comunicado manifiestan que se contemplen “las realidades particulares de las villas, sus habitantes, condiciones de trabajo, de vida e higiene cotidianas que distan de ser como las de la población en general y los convierten en un grupo vulnerable, no sólo ante el Covid-19 sino también el dengue”.

“La declaración de pandemia nos lleva a reflexionar necesariamente en torno a la eventual expansión y circulación local del virus en la población de las villas y asentamientos precarios, en los cuales también se ha expandido el dengue y la tuberculosis”.

En estas líneas refieren que “en nuestros barrios, las responsabilidades del Estado se acentúan en cuanto a la vulneración de derechos sociales de manera preexistente, que se patentiza en omisiones con respecto a la provisión de vacantes escolares, vivienda, alimentos, medio ambiente, y obviamente asistencia sanitaria. La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción (entre ellos las artes y el deporte, por ejemplo) se vuelven inaccesibles ante la crisis económico-financiera, donde el desempleo y el subempleo crece, mientras la capacidad de contención estatal y de la sociedad civil baja notoriamente”.

“En nuestros barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad, las vacantes escolares de nivel inicial y nivel primario son insuficientes. El incentivo para mantener la escolaridad secundaria es insuficiente desde los organismos estatales. El sistema de salud se limita a la atención primaria” denuncian.

“Actualmente, a esta injusticia social naturalizada, que evidencia una vulneración preexistente de derechos, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad”.

Ademas reconoce que es “responsabilidad comunitaria, y de la propia iglesia cristiana, que llevamos adelante promoviendo y articulando acciones. Sin embargo, la responsabilidad estatal no puede diluirse ni eximirse por el trabajo de muchas vecinas y vecinos que ponen el cuerpo a quienes más sufren en las villas y asentamientos”.

Por último la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión expresa la preocupación “al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales”.

En resumen solicitan a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales que adopten medidas “específicas para villas y asentamientos, tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias, y brindando la prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los comedores comunitarios que no pueden dejar de brindar su asistencia a adultos y niños”.

En tanto proponen “la inmediata conformación de mesas de trabajo o comités de crisis en cada jurisdicción del país, con participación vecinal, que permitan consensuar y efectivizar medidas eficaces en nuestros barrios”.