El gobierno frenó el ajuste sobre discapacidad
Finalmente y tras intensas gestiones, en una acertada decisión el Gobierno Nacional ha, derogó este viernes la Resolución 282/2020, y se recocerá en un 100% el trabajo que se viene haciendo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Esto es en función de una disposición impuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) quién determinaba un recorte en las prestaciones, clases de apoyo y las terapias integradoras de los beneficiarios, lo que los deja en una situación de mayor vulnerabilidad mientras se define la extensión de la cuarentena obligatoria.
El ajuste en las prestaciones se había oficializado a través de las resoluciones 282/2020 y 308/2020, publicado el 6 de abril en el Boletín Oficial. A raíz del aislamiento obligatorio, este tipo de asistencia integral a la población con discapacidad estaba suspendida en su modalidad presencial. Y si bien habilitó su continuidad en modalidades virtuales o a distancia, lo cierto es que en algunos casos se intentó reducir los aranceles y prestaciones pactados a la mitad.
La decisión afectaba a un amplio abanico de servicios que requiere la población con discapacidad, como centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación, servicios de apoyo a establecimientos de enseñanza y los traslados, entre otros. Pero también alcanzaba también a los salarios y honorarios de los profesionales que se desempeñan en la actividad.
El organismo disponía que, a pesar de tener autorizado los planes de tratamiento para todo el año 2020, se debía facturar lo realizado solamente hasta el 19 de marzo inclusive. Luego de esa fecha se ordenaba volver a autorizar los planes de tratamiento bajo la modalidad virtual.
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Estos pasos administrativos y burocráticos afectaban tanto a la continuidad de los tratamientos como a los ingresos de cada trabajador. Dado que no se puede prestar servicio sin autorización previa.
Además hacía referencia a que, sólo se deberán realizar los «tratamientos impostergables o esenciales», sin aclarar cuáles son y dejando las puertas abiertas a las obras sociales para que determinen cual prestación es esencial y cual no lo es.
En otra atinada decisión gubernamental, hace pocas horas, se ha manifestado dejar sin efecto la cuestionada resolución.
“Se trabaja a distancia, con las personas con discapacidad y sus familiares, aplicando lo que se había proyectado y adaptando para llevarlo a los hogares”, destacó a esta Agencia la titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari, quien celebró la decisión del gobierno nacional, ya que ponía en jaque a instituciones y ONG que garantizan los derechos a las personas con discapacidad.
No obstante la lucha en este sector continúa, aún resta avanzar en garantizar los derechos del sector, ya que desde 2019 hay atrasos en los pagos por parte de los agentes financiadores (salud y obras sociales) y falta de actualización en los valores que fija el nomenclador. Sin dudas un paso adelante se ha dado, pero queda mucho recorrido todavía por avanzar para solucionar los problemas de fondo que padecen muchos profesionales.
Comunicado de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa)
