Trump aprueba sanciones a funcionarios de la CPI que investigan a tropas estadounidenses

En una nueva carga contra los organismos internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la aplicación de sanciones económicas y mayores restricciones de visados contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigan el accionar de tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán, decisión que ese tribunal consideró «inaceptable».

«Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional», señaló la Casa Blanca en un comunicado difundido esta tarde y citado por las agencia Europa Press.

En consecuencia, agregó la nota, «el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento de EE.UU.»

Entre las medidas aprobadas figura el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.

El texto también señaló que la Casa Blanca tiene «fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda)».

«Pese a los repetidos llamados de EE.UU. y sus aliados para su reforma, la Corte no ha tomado acción alguna para su reforma y ha continuado persiguiendo investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel».

Ya en su discurso ante la ONU en 2018, Trump había rechazado la «legitimidad y autoridad» de la corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.

Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998, ya que históricamente se negó a firmar el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la CPI.

La CPI rechazó de inmediato las sanciones anunciadas por Trump y las calificó como “un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley”.

El tribunal “respalda firmemente a su personal y a sus funcionarios y se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte de él”, dijo la institución judicial en un comunicado que reproduce el diario La Vanguardia.

El anuncio de la Casa Blanca se hizo “con el objetivo declarado de influir en las acciones de los funcionarios de la CPI en el contexto de las investigaciones”, indicó el tribunal.

El presidente de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la corte, también rechazó las sanciones y dijo en otro comunicado que “socavan el esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas”.

Explicó que convocará para la próxima semana una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea con el objetivo de renovar “el compromiso inquebrantable con la corte” de los 123 Estados Parte.

También reaccionó ante la medida la ONG Amnistía Internacional (AI), para la que esas sanciones económicas contra los miembros del tribunal «pone en peligro» a activistas y trabajadores de organizaciones no gubernamentales, informó Europa Press.

El director de AI para Estados Unidos, Daniel Balson, señaló que los «ataques» de Trump contra la CPI podrían acabar afectando a «aquellos que trabajan a favor de la justicia internacional» dado el «vago lenguaje» utilizado en la orden ejecutiva emitida.

«La Administración Trump es bien conocida por socavar y asaltar instituciones multilaterales en vez de unirse a ellas y apoyarlas para mejorar su funcionamiento», agregó Balson, para quien el anuncio supone un renovado «asalto contra instituciones clave que ayudan a hacer justicia a aquellos que han visto violados sus derechos».

Balson destacó que la CPI investigó a «individuos responsables de los crímenes más terribles, desde Birmania, pasando por República Centroafricana, hasta Darfur», y agregó que «es una corte de último recurso y existe para hacer justicia en situaciones en que los estados no están dispuestos a hacerlo o no son capaces», subrayó.