Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto que suspende las quiebras hasta marzo
-#Especial desde #NCN
La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado -con 250 votos afirmativos y dos abstenciones de los Legisladores de la Izquierda- un proyecto consensuado entre todos los bloques parlamentarios que declara la emergencia hasta el 31 de marzo de 2021 para procesos de concursos preventivos y quiebras, en el marco de la pandemia por coronavirus.
El texto consensuado plantea la suspensión del cómputo de los plazos procesales regidos por la ley de quiebras por 180 días e indica que será el juez de cada proceso el que deberá fijar un nuevo cronograma.
En tanto, quedarán suspendidos “en pleno derecho y sin requerimiento de parte” los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos.
También se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.
Al inicio del debate, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, destacó que se haya «podido avanzar a un acuerdo político en torno a un texto».
En tanto, su compañero de bancada, Carlos Selva, destacó que «el proyecto original tenía plazo de cobertura hasta el 31 de diciembre y con muy buen criterio, los miembros de la Comisión de Justicia interpretaron razonablemente llevar este plazo hasta el 31 de marzo» de 2021.
«Se ha ahondado y se ha ampliado y se han salvado situaciones que en el proyecto original podrían haber generado mayor litigiosidad y conflicto», subrayó Selva al destacar la unificación de proyectos del oficialismo y de la oposición.
A su turno, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, indicó: «Entendimos que este proyecto era el complemento de la ley de moratoria que vamos a tratar luego. El aislamiento obligatorio ha planteado una serie de desafíos que nos demanda respuestas para el aparato de producción. Miles de empresas están en riesgo y con ellas muchos empleos formales».
Durante el debate la diputada lavagnista Graciela Camaño planteó que “Hay 650 mil empresas activas en el país. Unas 100 mil empresas, se estima, están complicadas y pueden llegar a acceder a los procesos cuando se abran los tribunales. Esas 100 mil empresas tienen alrededor de 3 millones de trabajadores, el 70% está en el AMBA y el 30% en el interior” y agregó: “Esta suspensión es un alivio, no una solución. Es cerrar la tranquera para que las empresas no se vayan al diablo”.
En tanto, el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, explicó que este proyecto busca congelar la situación de las quiebras e hizo hincapié en la inclusión de personas humanas.
“Desde nuestro bloque incorporamos la cuestión de las personas humanas. Poder ingresar al consumidor y al trabajador en este proyecto es un avance enorme. Para aquel ciudadano común que no es una empresa y que ahora tiene la oportunidad de sanear un proyecto de quiebra es fundamental”, indicó.
