Las comunidades indígenas, uno de los colectivos más afectados por el COVID-19 que permanece invisibilizado
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En vísperas del Día Internacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional alerta por la situación de discriminación y violación de los derechos de muchas comunidades indígenas en todo el país que se ha visto profundizada por el COVID-19 y el aislamiento. La organización relevó más de 20 casos en todo el país que pueden consultarse en el sitio web Territorio Indígena. Preocupa el impacto de la pandemia en estas comunidades.
“Estos casos se suman a los más de 200 conflictos que hemos detectado durante los últimos años en donde comunidades indígenas reclaman por sus derechos humanos; pero la pandemia exacerbó la situación de vulneración, discriminación, xenofobia y pobreza que históricamente atraviesan los pueblos originarios en el país y que requiere de medidas inmediatas para atender las urgencias del contexto actual”, señaló Paola García Rey , directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Las limitaciones para trasladarse, procurar alimentos, trabajar ante las medidas de aislamiento, el difícil acceso al agua segura y la ausencia de condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, las dificultades para acceder a beneficios sociales, el avance sobre sus territorios ancestrales de manos de privados o de la fuerza pública, la discriminación, segregación y la proliferación de situaciones de uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, son solo algunas de las problemáticas que se encuentran atravesando las comunidades indígenas en todo el país.
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En Chaco, Río Negro, Santa Fe y Tucumán, Amnistía Internacional relevó situaciones de abuso de la fuerza por parte de agentes de seguridad. En Chaco se hicieron públicos al menos dos casos en que las fuerzas policiales realizaron operativos violentos. En en Barrio Bandera en Fontana, la irrupción violenta, detención y amenazas contra las familias qom, y en Pampa del Indio en la cual agentes habrían disparado por la espalda a 3 personas que se encontraban cazando; uno de ellos resultó herido de gravedad.
Comunidades de las provincias de Chubut, Neuquén y San Juan, no han podido acceder al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Pese a lo dispuesto por la Resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -que insta a realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación del beneficio IFE, la falta de acceso a información, las distancias, las barreras tecnológicas han impedido que muchos accedan.
En Chaco, Misiones, Santa Fe y San Juan el acceso a la salud de comunidades no ha sido garantizado. El aislamiento dificultó aún más la posibilidad de acceder al agua segura y las condiciones sanitarias y de higiene no son las adecuadas para enfrentar la pandemia.
El avance de la industria extractiva, como las actividades de exploración y explotación el litio en Catamarca, han generado conflictos con las comunidades locales. Ello se repite en comunidades de Salta y Jujuy con las que Amnistía Internacional viene trabajando hace tiempo.
Estos casos reflejan las luchas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (tanto locales, como provinciales y el gobierno nacional), empresas y el Poder Judicial, que desoyen la normativa vigente.
A su vez, entendiendo que este relevamiento no es exhaustivo y pueden ser muchas más las comunidades que están atravesando situaciones difíciles en todo el país, la plataforma dispone de un formulario donde pueden sumarse caso.
Ante esta situación, Amnistía Internacional mantuvo una reunión productiva con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), principal organismo encargado de la implementación de políticas indígenas, a efectos de poner en su conocimiento los casos relevados y profundizar en los problemas que atraviesan las comunidades.
Las autoridades son responsables de garantizar el acceso efectivo a los derechos de las comunidades indígenas en todo el país y de tomar todas las medidas necesarias para evitar un efecto desproporcionado de la pandemia en situaciones que ya son de extrema vulnerabilidad.
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