García: «Las tomas no son legales y al Gobierno le preocupa que sean direccionadas»
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, afirmó hoy que «no es legal tomar tierras ni propiedades» y afirmó que tanto a la administración de Axel Kicillof como a los intendentes les preocupa que las usurpaciones sean «direccionadas».
En declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck, la funcionaria se refirió al encuentro que el gobernador ayer mantuvo en La Plata con intendentes y sus ministros para coordinar acciones en torno a la problemática de la toma ilegal de terrenos.
«Esto desnuda el déficit habitacional existente, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires», planteó la funcionaria y remarcó que, «en los últimos cuatro años, sólo se construyeron 2.000 viviendas».
García resaltó que en el encuentro de ayer «se acordó generar alertas tempranas para evitar situaciones de violencia», y graficó que «el caso más emblemático es el de Presidente Perón, donde la intendenta (Blanca Canteros) se reunió con las personas que están en la toma».
«Son más de 3.000 y muchísimas de esas personas no son del distrito, con lo cual empezamos a analizar cómo se generaron estas tomas», contó.
La funcionaria explicó que «la gente que no tiene dónde vivir, cuando ve la posibilidad de asentar una vivienda precaria en un terreno lo hace, pero no es menos cierto que hay lugares donde estas tomas se originan de manera rara, en las que acuden abogados y escribanos, y, al día siguiente, presentan amparos».
No obstante, reconoció que aún «no está identificado quiénes (organizan esto) pero es algo recurrente en varios municipios».
«A los intendentes y a nosotros nos preocupa que haya toma de terrenos direccionadas. Nos hacen suponer que en algún lugar se están decidiendo estas cosas», continuó y remarcó que «en el conurbano es bastante habitual que haya tomas».
«Lo hemos visto a lo largo de los años, pero hay distritos en los que es inusual», completó.
Teresa García precisó que el año pasado se registraron unas 140 tomas por mes y detalló que «este año son 40», por lo que estimó que «la responsabilidad del Estado es evitarlas y ocuparse de la situación de emergencia en que vive esta gente, que está en una situación indigna».
