Personas varadas en Formosa: exigen medidas urgentes y respetuosas de los derechos humanos
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A más de 7 meses de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), según información pública, hay más de 7500 personas que aún están esperando una respuesta de la provincia de Formosa para volver a sus hogares.
Amnistía Internacional tomó conocimiento de la existencia de al menos 900 personas que presentaron acciones judiciales para volver a su casa. El 5 de noviembre, la organización estuvo presente en la audiencia judicial que, además de ordenar el ingreso de 99 personas, declaró la inconstitucionalidad del programa de ingreso ordenado y administrado dispuesto por las autoridades formoseñas.
La Justicia Federal consideró inadmisible que quienes pudieran asumir los costos del hospedaje y test PCR (hisopado) estuvieran en una situación de privilegio frente a otros que, según se informó, tendrían turno de ingreso a la provincia para enero, febrero y abril de 2021. Además, instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos.
La organización internacional también se reunió hoy con el senador por Formosa, Luis Naidenoff, para acercarle la preocupación por esta situación. El senador presentó un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ya remitió dos pedidos de información a la provincia para que dé explicaciones.
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Reunión con el senador Naidenoff.
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“La realidad de los formoseños varados en el país es inhumana. Tanto las autoridades provinciales como nacionales deben dar una respuesta a los ciudadanos que esperan la demorada autorización para cruzar las fronteras. El Estado nacional no puede escudarse en la estructura federal del país para deslindar su responsabilidad ni su obligación y compromiso con los derechos humanos de todas las personas. A más de 200 días de la declaración de la emergencia sanitaria, deben tomarse medidas urgentes para que las personas puedan volver a su casa”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas.
La situación de los varados
De las 13.000 personas que solicitaron regresar a la provincia durante estos meses, hay quienes hoy permanecen a la espera de respuesta en distintos puntos del país (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, y Santa Fe). Muchas viajaron para asistir a un turno médico, estudiar o trabajar temporalmente; otras han logrado llegar al límite provincial pero no son autorizados a ingresar y permanecen en condiciones precarias al límite de la ruta, sin comida, hospedaje, ni ayuda estatal; y otras son obligadas a hacer aislamiento en centros cuyas condiciones sanitarias insalubres han derivado en denuncias judiciales.
Las personas varadas que estuvieren autorizadas judicialmente para ingresar, al día de hoy reciben un correo electrónico en donde se les solicita:
a) presentar hisopado PCR negativo de menos de 72 hs (conforme lo establece la normativa nacional);
b) depositar en la cuenta correspondiente a Rentas de la Provincia los gastos para la cobertura de otros dos hisopados de $5.000 cada uno a realizarse al ingreso y al cierre de los 14 días de cuarentena;
c) la indicación del hospedaje autorizado por la provincia en donde se alojarán, con la aclaración de que los gastos corren a exclusiva cuenta de la persona.
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