Costa Salguero| CABA desoye el fallo de inconstitucionalidad y avanza la iniciativa popular
A pesar de la sentencia que declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero, el Gobierno porteño seguirá con el proyecto de cambiar las normas urbanísticas del predio mientras que el Frente de Todos profundizará la iniciativa popular para derogar la privatización y crear allí un parque: se descuenta que la controversia llegará finalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
El fallo contra la venta de tierras costeras
El martes, una sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la CABA, Leonardo Furchi, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.289, que autorizó la venta de las tierras ribereñas a partir del argumento -objetado hasta ahora por la Justicia- de que el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco es de dominio privado.
El juez Furchi, de ese modo, hizo lugar al amparo que había presentado la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) con el acompañamiento de la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La ley 6.289 fue impulsada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y aprobada en diciembre de 2019 con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y de los bloques aliados UCR-Evolución, que lidera el senador nacional por la CABA Martín Lousteau, y Partido Socialista, uno de cuyos miembros, el legislador Roy Cortina, ocupa la vicepresidencia 3º de la Legislatura.
Los argumenos para la inconstitucionalidad
En su resolución, Furchi argumentó que dicha ley es «contraria a los artículos 63 y 89 de la Constitución de la Ciudad», que establecen que para que el Estado local pueda desafectar bienes de dominio público, como las tierras de la costa del Río de la Plata, la Legislatura debe sancionar una ley mediante el tratamiento conocido como ‘doble lectura’, es decir con dos votaciones en el recinto y una audiencia pública entre ambas en la que se escucha directamente la opinión de la ciudadanía.
En cambio, el oficialismo de la Ciudad sancionó la ley 6.289 con una sola votación, «basándose -cuestionó el juez- en la opinión de una funcionaria», quien afirmó que las tierras correspondientes a la Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184 -por el predio de Costa Salguero- son de dominio privado, como puede ser el edificio de un Ministerio u otras oficinas estatales.
Como Furchi es un juez de primera instancia es previsible que el Gobierno porteño apele su sentencia y el conflicto llegue a instancias superiores, como las Cámaras y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
La rezonificación
Es que además de la venta de Costa Salguero, Rodríguez Larreta impulsa una ley de ‘rezonificación’ de 32 hectáreas de tierras ribereñas al Río de la Plata, con el objetivo de permitir allí la construcción del complejo urbanístico de edificios de lujo.
Dicha ley de rezonificación fue aprobada en primera lectura en octubre de 2020, con los votos de la coalición oficialista Vamos Juntos más el aporte de UCR-Evolución y Partido Socialista.
La rezonificación luego fue debatida durante más de dos meses, entre noviembre y enero último, en una audiencia pública que tuvo récord de participación y en la que el 98% de los oradores se manifestó en contra de la privatización.
Cuando finalizó la audiencia, el oficialismo de la Ciudad anunció de todas formas su decisión de seguir adelante con el proyecto de rezonificación.
Sobre la audiencia pública, el legislador Javier Andrade, también del FdT, consideró que «el fallo de Furchi le dio la razón a las distintas organizaciones ambientales y a la oposición en la Legislatura, que expresaron el rechazo al proyecto de negocio inmobiliario».
El oficialismo impulsa la rezonificación
Esta semana, tras conocerse el fallo de Furchi, desde el bloque Vamos Juntos de la Legislatura indicaron que la segunda votación de la ley de rezonificación «sigue en agenda», ya que, entienden, no está vinculada estrictamente a la venta de predio ribereño.
Y además anticiparon que el conflicto por la venta de esas tierras continuará su curso en las distintas instancias judiciales.
«El gran decisor de este conflicto va a terminar siendo el Tribunal Superior de Justicia, que está cuestionado públicamente por dictar sentencias que favorecen al jefe de Gobierno», advirtió sobre ese punto el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que impulsó la causa judicial para impedir la venta de Costa Salguero.
