Bolivia-Golpe de Estado| El ex presidente Carlos Mesa defenderá a Áñez ante la Justicia
El expresidente boliviano Carlos Mesa anunció que acudirá a la Fiscalía a declarar como testigo en defensa de la exgobernante de facto Jeanine Áñez, acusada de perpetrar un golpe de estado contra Evo Morales, sedición y violación de la Constitución.
«El próximo jueves estaré en la Fiscalía y diré lo que tenga que decir», señaló Mesa en una conferencia de prensa en la que leyó una declaración en la cual reiteró su versión de que la asunción de Áñez en noviembre de 2019, de la que fue uno de sus impulsores, no constituyó un golpe.
El exmandatario y actual líder del partido opositor Comunidad Ciudadana fue convocado por la Fiscalía como integrante de una lista de al menos 30 personas señaladas por Áñez como participantes en las negociaciones que condujeron a su autoproclamación presidencial tras el derrocamiento de Morales.
Mesa, quien como candidato perdedor llamó a protestas contra el cómputo oficial de las elecciones de 2019 ganadas por Morales, acusó al líder indígena de controlar tanto al órgano judicial como al actual gobierno del presidente Luis Arce.
Mesa insistió en que la crisis política de 2019 fue producto de un «fraude» cometido por Morales y sostuvo que el proceso judicial por el golpe de estado no tenía fundamento.
«Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido complementar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de oposición democrática del país representada en Comunidad Ciudadana», sentenció Mesa, citado por la agencia de noticias Sputnik.
El ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró que el gobierno no buscaba que la Fiscalía detenga a Mesa, pasándolo de testigo a acusado en el caso por el que Áñez se encuentra en detención preventiva desde marzo.
Más tarde, la Fiscalía General pidió a la Policía Internacional (Interpol) que deje de considerar persecución política a los procesos por corrupción abiertos contra dos exministros y facilite en cambio su repatriación desde el extanjero.
«No se trata de una persecución política o una investigación que tenga el objetivo de consolidar una vendetta política, sino que se trata de una investigación donde existen indicios materiales de delitos», sostuvo el secretario general y vocero de la Fiscalía, Edwin Quispe, en conferencia de prensa en Sucre.
El portavoz explicó la situación jurídica de los exministros de Defensa Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, que buscaron refugio en el extranjero al concluir el gobierno transitorio de Áñez en noviembre pasado.
«Hay que exhortar a estas intancias (Interpol) porque no estamos haciendo persecución política», remarcó Quispe.
Explicó que la Interpol rechazó varios pedidos de «notificaciones azules» o de información sobre el paradero de los exministros y otros exfuncionarios bolivianos, argumentando que los procesos tendrían motivaciones políticas y no jurídicas.
Esas notificaciones constituirían el primer paso para posteriores trámites de repatriación de los acusados, por cooperación policial o a través de procesos judiciales de extradición, añadió el vocero.
