«Si no hay un registro de la salida del material bélico a Bolivia, es tráfico ilegal»
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que «si no hay un documento en la Argentina en el que se registre la salida de ese material bélico que dice haber recibido la fuerza aérea boliviana, es tráfico ilegal de material bélico que usan habitualmente las fuerzas de seguridad”.
«Lo que constatamos es que hay un vuelo de un Hércules C-130 en el que se transportaba personal de Gendarmería. Lo que uno conjetura es que puede haber en ese vuelo material bélico», en ese caso, «sería tráfico ilegal de armas» porque «no hay un documento en la Argentina en el que se registre la salida de ese material bélico que dice haber recibido la Fuerza Aérea boliviana en una nota enviada a la embajada argentina en Bolivia”, aseguró Rossi en declaraciones a radio FM Futurock.
Este viernes, el Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata».
En ese marco, el ministro de Defensa explicó que “la salida de material bélico del país no es un trámite sencillo porque se reforzaron mucho los controles luego de que en la década del noventa se vendieron armas a Croacia y a Ecuador”.
«Por eso, ahora se necesitan permisos del Ministerio de Defensa, de Cancillería y hasta el momento no tenemos esos registros», remarcó el funcionario nacional.
Luego, Rossi se refirió a las declaraciones de la entonces ministra de Seguridad de la administración anterior, Patricia Bullrich, y el canciller de Cambiemos, Jorge Faurie.
«Bullrich y Faurie dicen que no tuvieron nada que ver, pero hay un documento de la Fuerza Aérea boliviana que fue enviado en ese momento a la embajada argentina en el que se da cuenta de que insumos bélicos salieron de Argentina. En el caso de que hayan salido ilegalmente, es tráfico de armas», remató.
En otras entrevistas radiales, el titular de la cartera de Defensa reveló que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que habría transportado en 2019, durante el macrismo, material bélico a Bolivia “salió desde el aeropuerto de El Palomar” y adelantó que su cartera va a coordinar con la de Seguridad para realizar la denuncia penal pertinente “para que rindan cuentas quienes estaban a cargo en ese momento”.
«El viernes por la noche se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea había salido desde El Palomar. El material bélico que llegó a Bolivia según la nota de la fuerza aérea boliviana no tiene ningún soporte legal», aseguró Rossi en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata.
Según explicó Rossi, el avión «tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero que además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de que era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal porque sino lo hubiesen detallado».
«El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de trabajo de (Gerardo) Morales», Normando Álvarez García, que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.
Sobre los pasos a seguir en esta causa, Rossi adelantó que «Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo aduana y, por ende, todo se puede confirmar».
«Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente», remarcó Rossi.
El viernes por la noche, el Ministerio de Seguridad que conduce Frederic solicitó a las autoridades de las cuatro fuerzas federales de seguridad que inicien de forma inmediata las «actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos».
Con el objetivo de llevar adelante una «profunda investigación» que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Frederic exigió también que los informes sean «entregados en un plazo máximo de 72 horas».
