Nicaragua| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudia el «no dejar competir a la oposición»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su condena al “conjunto sistemático de acciones estatales” puestas en marcha en Nicaragua para “impedir la participación de la oposición” en las elecciones generales de noviembre y renovó su rechazo a “la persistencia de violaciones a los derechos humanos” en ese contexto.
“La CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país”, señaló la organización en un comunicado.
Enumeró luego las “acciones estatales realizadas en los últimos meses” para que la oposición no participe de los comicios, entre las que mencionó “la detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población”.
Condenó además “la profundización de un estado policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas”.-
La Comisión volvió a cuestionar la “detención arbitraria de 31 personas” ocurrida en los últimos dos meses, y especialmente de quienes fueron arrestados “una vez que anunciaron públicamente su intención de candidatearse a la presidencia, con lo cual fueron impedidas de continuar y formalizar su participación en el proceso electoral”.
La organización que depende de la OEA expresó además su “preocupación” por las cancelaciones de las personerías del Partido Restauración Democrática (PRD) y de Ciudadanos por la Libertad, lo que “eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente” para la compulsa de noviembre.
En su extenso comunicado, la CIDH advirtió que “la persecución penal en contra de personas opositoras y precandidatas a la presidencia presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido proceso”.
Defendió por eso el pedido que hizo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de “medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas”, pero aclaró que “el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas”.
“Estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país”, alertó la CIDH, que también llamó la atención sobre “la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018”, cuando comenzó una serie de protestas antigubernamentales.
El 7 de noviembre los nicaragüenses deben elegir presidente y Daniel Ortega –de 76 años- buscará su quinto mandato (cuarto consecutivo), escoltado por su esposa, Rosario Murillo, y prácticamente sin oposición.
