Chile| Un Diputado habló por por casi 15 horas para «hacer tiempo» y que otro legislador pueda votar
El diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS) y encargado de presentar la acusación en la Cámara, intervino durante casi 15 horas gracias a la lectura completa del libelo acusatorio. Naranjo empezó su discurso el lunes a las 10:24 (hora local) y lo finalizó este martes a las 1:24. Durante ese tiempo, los legisladores tomaron dos recesos de 15 y 20 minutos.
Antes de su intervención, el diputado advirtió que estaba dispuesto a leer por entero un escrito de 1.300 páginas que le permitirían hablar durante 13 horas, según sus cálculos. Esto, con la idea de ganar tiempo para que la sesión se extienda hasta el martes, cuando podrán integrarse diputados que cumplen un aislamiento preventivo por haber estado en contacto estrecho con infectados de coronavirus.
La oposición necesita 78 votos, de un total de 155, para que la cámara baja apruebe el juicio político. Y su problema es que un diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson, no pudo asistir a la sesión por ser ‘contacto estrecho de covid-19’ del candidato presidencial Gabriel Boric, quien dio positivo la semana pasada.
«Hemos diseñado una estrategia que nos va a garantizar que vamos a obtener los votos para ganar la acusación», reconoció Naranjo antes de que la moción fuese llevada a discusión plenaria, según La Nación.
Jackson, por su parte, ha confirmado que sus exámentes dieron negativo y está en condiciones de sumarse al debate a partir del martes.
El presidente Sebastián Piñera enfrenta esta segunda acusación constitucional por la transacción comercial antes mencionada, celebrada nueve meses después de llegar al poder por primera vez.
En su defensa, el mandatario sostiene que se desvinculó de esos activos a través de fideicomisos ciegos en 2009, y que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y resultó sobreseído en 2017.
Además de este trámite, que podría dejarlo fuera del Ejecutivo, el jefe de Estado enfrenta una investigación encabezada por el Ministerio Público por «posibles delitos tributarios y de cohecho» en la venta del megaproyecto minero.
