El pastor y exsenador Héctor Bonarrico respondió a las acusaciones llevadas a cabo por el kirchnerismo mendocino (audio y video)

Tras la denuncia del Partido Justicialista a través de  la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, contra el Gobierno que comanda el radical Rodolfo Suarez por un subsidio millonario al pastor evangélico y exsenador provincial Héctor Bonarrico, aliado al frente oficialista Cambia Mendoza, el político y religioso realizó un descargo contradiciendo todos los puntos por los que fue acusado.

La acusación que se basa en los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Y busca determinar responsabilidades penales tras el acuerdo político al que arribó el Poder Ejecutivo local con la fundación Acción Social, del religioso y exlegislador Héctor Bonarrico, por más de 18 millones de pesos, para que se bajara de su candidatura a la Legislatura provincial en las últimas elecciones.

Aunque la entrega del dinero no se concretó, ya que al publicarse el convenio en el Boletín Oficial, el mandatario le dio de baja en menos de 24 horas, el peronismo decidió llevar el caso a los tribunales y exigir las explicaciones principalmente a quienes pusieron la firma, más allá de Bonarrico: el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, y el tesorero de la fundación, Eduardo Erario, “y demás personas que intervinieron en las contrataciones”. La Fiscalía de Instrucción Nº7 de Delitos Económicos, a cargo de Flavio D’Amore, recibió el documento y las pruebas ofrecidas por el justicialismo.

La denuncia judicial para que se investigue el convenio con la Fundación Acción Social busca que se determine la posible comisión de un hecho delictivo de conformidad con lo establecido por el artículo 326 y siguientes del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, en virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto.

Frente a este panorama, el pastor mendocino declaró: “Que las denuncias que se han realizado en mi contra tanto por la Senadora Nacional Anabel Fernandez Sagasti como por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, como así de los injuriosos dichos de representantes de la oposición utilizan una tergiversación de una nota periodística realizada  por el periodista Marcelo Arce en MDZ RADIO el 26 de mayo del corriente”.

 

Y destacó: “Que esa tergiversación ha servido como un medio de ataque político de un sector del kirchnerismo mendocino al gobierno provincial, y también ha provocado una banalización de la actividad política y social que hace años vengo llevando a cabo, trabajando para los sectores más vulnerables de la sociedad, dónde nuestras acciones de contención, cuidado y amor al prójimo han logrado llegar a dónde el Estado (sea cual sea su color político) no lo hace”.

 

“Que el Convenio de Colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia era absolutamente legítimo y transparente en cuanto a su origen y fines; negando rotundamente haber recibido dinero alguno ni que la suscripción del Convenio del que me referiré a continuación tenga que ver con la declinación de mi candidatura” enfatiza la comunicación y aclara: “Que la Fundación Acción Social fue creada en el año 2017 (no 2021 como aduce falsamente en su denuncia la Senadora Sagasti) y hace años que viene desarrollando de manera ininterrumpida acciones de contención social, talleres de capacitación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, tareas educativas, actividades deportivas, de manera pública y todo conforme la finalidad de la misma que surge de su Estatuto, el cual se adjunta en éste acto como así también la documentación de decenas de acciones realizadas”.

Asevera además que: “Que el objeto del Convenio de Colaboración celebrado tenía por objeto seguir desplegando las actividades que justamente dieron nacimiento a la institución; por ende no hay nada que objetar a este respecto”. En cuanto a la acusación sobre la desviación de fondos públicos destacó: “Que dicho convenio pasó todos los filtros que hacen a la legalidad administrativa del mismo, encontrándose acreditado los fines de la Fundación de la que soy Presidente” Y señala: “Que dicho convenio no hace otra cosa que ratificar el trabajo social que hace años lleva adelante toda la comunidad cristiana que represento en cada calle, en cada parroquia, acompañando a los que más lo necesitan; y en reconocimiento a dicha actividad es que el pueblo mendocino en su momento me eligió Senador Provincial”.

Respecto a que esos fondos serían parte de un acuerdo político entre el ex senador y el gobierno de la provincia para que el pastor no se presentara a ninguna candidatura, resaltó: “Que sacando de contexto la referida declaración radial y tergiversando la misma, la denunciante Senadora Nacional Fernandez Sagasti sostiene que el convenio tendría origen en un acuerdo político por el cual yo habría declinado mi candidatura a un nuevo período como Senador provincial a cambio de la celebración de éste convenio. Ello es absolutamente falso”.

El descargo que elimina todos los puntos clave de acusación realizados por la legisladora nacional oficialista prosigue:

“Que el convenio, además de ser legítimo en su origen y en cuanto a sus fines, ha respetado el marco legal. Hago presente que nunca se implementó por que fue derogado por un Decreto posterior del Gobernador de la Provincia; nunca siquiera tuvo principio de ejecución.

Que también quiero aclarar que jamás hubo intención de desviar el objeto del mismo (materia de la denuncia realizada por el gobierno provincial), pues los fines son absolutamente precisos y están bien detallados en el instrumento. Si se repasa la entrevista radial quedará aclarado que jamás se pensó en dar a los fondos un destino distinto al comprometido al firmar el convenio.

Que lo único que se manifiesta en esa nota es el contenido de una conversación personal, que institucionalmente es irrelevante y que basta escuchar la nota radial para evidenciar que cuando fui llamado telefónicamente ni siquiera se me dijo que estaba al aire; lo que recién fue siendo aclarado una vez entrada la charla por el Sr. Arce.

Que lo único que se quiso exponer en la declaración radial fue que el convenio ayudaba a cubrir una tarea que el Estado no alcanza a ocuparse, y que de este modo, o sea, ayudando a las entidades intermedias y ONGs, se evita la creación de cargos o estructuras en el ejecutivo provincial. Sería como discutir la ayuda o asistencia a una Fundación como Conin sólo por que el gobierno provincial tiene un Ministerio de Salud.

Las organizaciones como la Fundación que represento nacen del seno de la sociedad (en éste caso de la labor social incansable de la iglesia), del trabajo social sobre determinadas áreas de la población, y tienen la capacidad de cubrir sectores a los cuales el Estado no llega. Además de contar con cientos de colaboradores preparados y que realizan su accionar ad honorem y puntos de referencia estratégico como son las parroquias en todos los barrios de la provincia.

Que el pensamiento personal de quien depone que lleva años de trabajo comunitario sea de tinte disvalioso hacia la burocracia estatal que entiende costosa y poco efectiva no deja de ser una opinión personal que nada hace ni a la existencia de un delito, ni a la desviación del objeto de un convenio que nunca tuvo comienzo de ejecución; si no más bien a un dirigente social que trabaja en el llano sin necesidad de integrar la estructura estatal para lograr cambios sociales relevantes. Tal es el compromiso que me fue solicitado por el Gobierno Provincial firmar un pagaré en garantía del cumplimiento del objeto del Convenio, y sin dudarlo esto fue suscripto. Cualquier otra interpretación entra en el plano de la malicia o la mala fe de quien denuncia.

Que la denunciante Senadora Fernández Sagasti deja entrever la supuesta existencia de acuerdos espúreos para firmar la adhesión del partido MAS FE a la Alianza Cambia Mendoza, lo cual es absolutamente falso. MASFE representa cerca de unos 200 mil ciudadanos cristianos de la provincia, que a su vez están representados departamento por departamento en el Consejo Provincial Partidario.  La adhesión a una alianza o la presentación de candidaturas, etc., entre otras cuestiones electorales, son actos que en nuestro caso requieren ser resueltos por ese cuerpo colegiado ejecutivo y con mayorías específicas requeridas por estatuto. Las cuestiones del Partido MASFE no tienen nada que ver con la Fundación que presido”.