Denunciados por «pensar diferente»

«Esto es lisa y llanamente perseguir a la gente», aseguró Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 «Mariano Acosta», la primera que inició las tomas el 23 de septiembre pasado en contra de las prácticas laborales obligatorias en empresas, la falta de viandas de calidad nutritiva y los problemas edilicios, entre otros reclamos.También afirmó que se trata de «un atropello tremendo contra la libertad de expresión, contra toda la historia de Argentina de los estudiantes reclamando por una mejor educación y contra todas las posibilidades de una convivencia democrática» y se preocupó por «el estado de pasividad de la sociedad que tiene información de que esto está pasando y le es indiferente».

Andrea Prado, la madre de un estudiante de 15 años de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como «Lengüitas» recordó el momento en que la policia de la ciudad tocó el timbre de su casa para notificarla de la multa que debía pagar:»Mi hijo participó en la toma. Algunos días quedó por la noche porque se iban rotando. Un día llega una comunicación a mi casa. Tocan el timbre: era la policía donde me comunicaba de una multa que debo pagar por el hecho de pernoctar en un edificio público (por su hijo)»

«Es parte de una práctica autoritaria que hace tiempo venimos viviendo y que se reforzó a partir de este año. Se incrementó la dureza y el autoritarismo», agregó la mujer e indicó que se encuentra en comunicación con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD).

La titular del Ministerio de Educación porteño, Soledad Acuña, señaló que realizaron la denuncia «en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad de los alumnos que realizaron la toma», a la que calificó como «una intrusión en la institución», ya que «hubo perjuicios en la realización de obras y en el desarrollo de actividad docente».

En este marco, la cartera educativa envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que «cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas».

Como consecuencia de este informe ya están «en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85», detalló el Ministerio.

«En lo personal me parece una barbaridad el tema de las denuncias. Además, no queda claro el criterio con el cual se denunció a ciertas familias y otras no, pero es muy rápida la gestión de las mismas, mientras que los chicos siguen esperando respuestas», sostuvo la madre de una estudiante del Lengüitas, que pidió que su nombre no sea expuesto, dato no menor ya que muestra la sensura y miedo a la libre expresión.

En este sentido, contó que las y los estudiantes «levantaron la toma como muestra de buena voluntad y tuvieron una reunión en la que no se llegó a nada concreto y sigue todo igual».

Por todo lo sucedido, la mujer consideró que «estamos frente a una generación que está mucho más desencantada y enojada con los adultos de lo que deberían».

«Yo realmente creo que este gobierno que ya lleva 15 años gobernando la Ciudad de Buenos Aires está haciendo absolutamente lo que quiere, no escucha la opinión del que piensa diferente, no incorpora ni incluye al que está en desacuerdo», dijo Marcelo.

Y concluyó: «Me da miedo cómo se va a desarrollar una sociedad sin diversidad, sin discusión, donde el que piensa distinto es perseguido en una época donde estamos luchando por incluir, por la diversidad, por todas las maneras de lograr mayor derecho en lo que son las distintas maneras de la subjetividades de esta época».