Jornada por el Derecho a la educación

Fundación SES, CADE, CLADE, Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, junto a las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco, presentaron los resultados del estudio coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para cumplimentar el derecho a la educación.

En Argentina la inversión educativa por estudiante es baja

Los resultados mostraron, tomando como parámetro la inversión por estudiante de nivel primario en relación con el PBI per cápita, que, mientras los países miembros de la OCDE invierten alrededor de un 20%, Argentina sólo el 15%, quedando por debajo de otros países del continente como: Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica.

Asimismo, según los datos obtenidos, desde 2015 se observa una tendencia a la baja en inversión educativa, identificando grandes disparidades por jurisdicción.

Mientras que Santiago del Estero representa la menor inversión por estudiante en gestión estatal, Tierra del Fuego está en el extremo opuesto. Los resultados de la inversión educativa a nivel provincial son preocupantes porque reflejan una tendencia decreciente entre las prioridades que los gobiernos jurisdiccionales le asignan al presupuesto educativo, esto se ve en las provincias que menos invierten, con la Ciudad de Buenos Aires liderando la lista. Allí también se encuentran aquellas provincias que, aun contando con normativas jurisdiccionales que establecen un porcentaje de inversión educativa en el presupuesto total provincial, la ejecución presupuestaria está por debajo del monto asignado, estas son: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

El Estudio presentado en el marco de la jornada establece criterios con parámetros que permiten definir a la inversión educativa de calidad, y el cumplimiento de las Metas 2030:

– Ampliación de las ofertas educativas según nivel y modalidad, diferenciando los ámbitos rural y urbano.

– Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje: actualización de salarios docentes, reconocimiento de 20 horas mensuales de trabajo docente fuera del aula para todos los niveles y modalidades educativas (planificación, corrección de tareas, entre otras), fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario, acompañamiento a las trayectorias socio educativas (en Primario y Secundario), ratio de estudiantes,  formación de docente inicial (con ampliación de la oferta) y de docente en servicio.

– Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar.

– Disminución de la brecha digital.

– Mejora de las condiciones materiales de las familias y estudiantes: con transferencias económicas, alimentos y transporte. Cabe aclarar que esto último no forma parte del presupuesto educativo pero impacta positivamente con el derecho a la educación.

La implementación de estas mejoras implica, prácticamente, duplicar la inversión en forma progresiva hasta el año 2030. Para alcanzar este objetivo, se desarrollaron posibles medidas en el marco de la Justicia Fiscal:

• Incremento del 10% del impuesto a los Bienes Personales. Con esto habría $27,8 mil millones adicionales.
• Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas. Se obtendrían $120 mil millones extra.
• Reducción del 20% de gastos tributarios. Esto podría aportar un adicional de $248 mil millones. Se destaca la exención del impuesto a las ganancias a magistrados que, según el informe publicado por el Ministerio de Economía de la Nación en 2019 equivale a 0,11 puntos del PBI.
• Reducción del 30% de la evasión del impuesto a la renta de sociedades. Se aportarían $54 mil millones.

Estas modificaciones no sólo le darían a nuestro sistema tributario mayor progresividad, además aportarían anualmente un 16% extra sin necesidad de ajustar otros rubros del presupuesto educativo nacional.

También participaron de la Jornada: Marcos Makón, Director General de la Oficina de presupuesto del Congreso de la Nación Argentina; Francisco “Paco” Durañona, Senador por la Provincia de Buenos Aires, Marcela Browne, Responsable de Educación en Fundación SES y Secretaria de la CADE; Teresa Casala, Presidenta de la Fundación Otras Voces; Marina Larrea, Coordinadora del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación; Matias Sotomayor, Coordinador de la Agenda 2030 ODS de la Presidencia de la Nación; Adrián Falco, responsable del programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES y Secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe; entre otros referentes destacados.