Comisión de Juicio Político| D’ Alessandro dijo presente y aseguró que los chats fueron «una operación de inteligencia» (video)

El exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’ Alessandro se negó a confirmar  si conoce a Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y dijo que las conversaciones que se difundieron entre ambos «no fueron una filtración, sino una operación de inteligencia».

D’ Alessandro concurrió este martes a declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que estudia si corresponde acusar de «mal desempeño de sus funciones» a los cuatro miembros del alto tribunal por su actuación en las causas sobre coparticipación, el fallo del 2×1 que benefició a un represor, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que la próxima reunión será el 12 de septiembre, donde se hará el último encuentro sobre el fallo cautelar de la Corte que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta elevarla el 2,95%, tras el reclamo del jefe de Gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta.

El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5% y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Larreta.

En el primer tramo de la reunión, la Comisión analizó una nota enviada por la Corte en respuesta al pedido de que se analice tomar medidas disciplinarias por la reticencia de Robles de responder preguntas cuando declaró ante ese cuerpo y decidió hacer un nuevo requerimiento, al considerar el oficialismo que respondió algunas preguntas.

La Corte informó que «no corresponde al tribunal expedirse sobre cuestiones vinculadas al contenido de declaraciones testimoniales prestadas en el ámbito de juicio político seguido contra sus propios integrantes».

El grupo parlamentario asesor citó al exministro porteño para que exponga sobre si había intercambiado chats con Robles, como se había filtrado hace meses, ya que para el oficialismo podría haber una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Sobre este punto, el exfuncionario dijo que «se determinó, a través de los dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia».

Dijo que denunció la desaparición de su teléfono celular cuando se produjo el robo y se convirtió en «denunciante y querellante en esa causa».

En ese sentido, D’Alessandro dijo que «hay causas que están abiertas, se están investigando, y ya hay detenidos y confesó que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les encomendaron a cambios a cambio de dinero».

A lo largo de la reunión fue consultado por los diputados Vanesa Siley y Leopoldo Moreau sobre si conocía a Robles o si había asistido junto al funcionario judicial a un cumpleaños, a lo que respondió que para no afectar «mi derecho a la defensa, en base a estas causas, me voy amparar en el artículo 18» de la Constitución Nacional.

Ese artículo dice que «ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa» y que «nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente».

En ese contexto, Gaillard le recordó al testigo que «el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad», lo que generó quejas de los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, y Karina Banfi, quienes dijeron que se estaba «presionando» al testigo.

En otro tramo de la reunión, Siley le preguntó a D’Alessandro los motivos de su renuncia, a lo cual el ex funcionario dijo que «no tengo que valerme de ningún fuero para defenderme de acusaciones. Mi función merecía no quitarle horas a los vecinos y dedicarme a la investigación».

Gaillard también le mostró una foto ante el pedido formulado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para ver su podía identificar a la persona que aparecía en la imagen y ante la respuesta de D’Alessandro, quien dijo que «si, es Silvio Robles», el diputado oficialista afirmó: «entonces lo conoce».

Pero el exfuncionario reiteró que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que no iba a opinar sobre esa afirmación.

D’ Alessandro no había asistido en las dos oportunidades anteriores en las que fue citado, con lo cual estaba expuesto a ser intimado a concurrir con intervención de un juez.

La presidenta de la comisión abrió a las 13.15 el encuentro y en primer término declaró el exministro porteño y luego Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, Miguel Federico de Lorenzo, justificó que no podía concurrir.

Astarloa defendió el fallo de la Corte al afirmar que «el decreto primero como la ley -aprobada por el Congreso- violaron gravemente preceptos constitucionales que agraviaban a la CABA, como el federalismo de concertación, la autonomía y la competencia en materia de seguridad».

Agregó que «ningún porcentaje o coeficiente de participación que le correspondía a cualquiera de las provincias fue alterado o menoscabado por este acuerdo. Los mismos fondos que la Nación gastaba en materia de seguridad fueron traspasados a la CABA».

Tras concluir con la discusión del fallo de la coparticipación porteña, la comisión de Juicio Político comenzará a analizar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y repuso una ley derogada en el 2006 cuando redujo de 20 a 13 miembros los integrantes del organismo, encargado de la selección y control de los jueces y de administrar los fondos del Poder Judicial.