Caso Julio López| El Estado argentino reconoció su responsabilidad ante los hijos
El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la desaparición de Jorge Julio López en el 2006, al sellar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa con la familia del testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por represores de la última dictadura cívico militar.
A través de este documento, Argentina reconoció su «responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de López y de sus hijos», informó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
El acuerdo fue firmado por el titular del área, Horacio Pietragalla Corti; los hijos de López, Rubén y Gustavo; sus abogados y la Cancillería.
Según se explicó esta responsabilidad estatal está dada «por la falta de articulación de medidas para resguardar a López como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad» y de «debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero».
El 18 de septiembre de 2006, López salió de su domicilio hacia los Tribunales de ciudad bonaerense de La Plata donde debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad, pero nunca llegó a destino.
Sobreviviente de la última dictadura cívico militar, sus testimonios fueron fundamentales para la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.
El documento firmado hoy remarca también «la impunidad imperante sobre lo sucedido y sus eventuales responsables y las lesiones a la integridad personal que todo aquello significó para sus hijos». «En tiempos donde se reproducen constantemente discursos negacionistas poder estar hoy firmando este documento significa seguir fortaleciendo las políticas públicas de derechos humanos y la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia», indicó el Secretario de Derechos Humanos.
Según Pietragalla, se trata de «una deuda que tenemos con la familia de Jorge Julio López y con lo que Julio aportó a la construcción de la democracia».
«Él fue ejemplo del valor que tuvieron y tienen los testigos en los procesos judiciales contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país», expresó el funcionario sobre la figura de López.
El acuerdo impone como obligaciones a la Argentina la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la difusión del acuerdo en diarios de amplia circulación y seguir promoviendo políticas públicas para el acompañamiento y asistencia a víctimas y testigos en investigaciones y juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos también deberá elaborar un informe integral y circunstanciado que dé cuenta en detalle del proceso de búsqueda de López desde su desaparición hasta la actualidad.
El informe -explicaron desde la Secretaría- procurará ser un «insumo para impulsar su búsqueda efectiva e incluirá recomendaciones sobre próximos cursos de acción, será entregado a la familia, las autoridades judiciales a cargo del caso y a la CIDH».
También el acuerdo incluyó el impulso de la sanción de una «Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia» por el Congreso de la Nación, que recepte los «Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas».
