Diputados comenzará el debate para penalizar el Negacionismo en Argentina
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles los proyectos de ley por los cuales se propone la incorporación del antisemitismo como causal en la ley antidiscriminatoria, y el aumento de las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
La comisión que preside Hugo Yasky se reunirá desde las 14 en el edificio anexo y también abordará el proyecto que establece la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo, se buscará aunar criterios en torno a iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
Uno de los proyectos, el del diputado nacional por Córdoba Eduardo Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que «será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere».
El tema volvió al centro del debate en medio de la campaña electoral que se desarrolla desde junio, como consecuencia de los dichos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en relación a la negación del Terrorismo de Estado de la década del ’70 y a los crímenes de lesa humanidad perpretados por la dictadura cívico-militar (1976-1983).
En cuanto al proyecto sobre el Observatorio para la Convivencia Democrática, elaborado por la massista Mónica Litza, señala que el mismo «tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento».
Otra de las iniciativas que estará sobre la mesa será la de la modificación de la ley marco de regulación del empleo público para prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La autora es la peronista entrerriana Blanca Osuna.
