El plan de ajuste que ha puesto en marcha el ultraderechista Javier Milei avanza con crueldad y violencia sobre los sectores más empobrecidos de la Argentina. A siete años de la puesta en marcha del plan de integración socio-urbana, organizaciones sociales denuncian la paralización de más de 1.000 obras de viviendas en barrios populares de todo el país y alertan por más de 25 mil despidos en uno de los sectores más castigados por la motosierra, al tiempo que advierten por el riesgo de frenar la urbanización de los asentamientos y temen un crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico. El gobierno reconoció que hubo un parate de las obras, pero negó las cifras.

En medio de la gran caída de ingresos y la transferencia de recursos a los sectores más poderosos, el gobierno mantiene paralizada toda la obra pública y en los barrios más carenciados los efectos de la crisis ya se perciben con el aumento de la desocupación y el fin de proyectos clave para mejorar las condiciones de vida de decenas de miles de personas.

En este contexto, las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27.453, sancionada hace siete años, que busca garantizar la integración socio-urbana de los asentamientos que fueron relevados, desde 2016, en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso (Renabap).

Se trata de uno de los sectores más perjudicados por el plan de ajuste: según los datos oficiales, en los barrios populares viven 6,5 millones de personas y más del 65 por ciento no tiene acceso a energía eléctrica, el 92 % no accede a agua potable y el 97 % no está conectada a la red cloacal.

De acuerdo con los datos de la Mesa Nacional de Barrios Populares, hay más de 1.000 obras de vivienda paralizadas en todo el país. En muchos casos se trata de construcciones que están a punto de ser finalizadas y en otros son mejoras o instalaciones eléctricas, de agua o gas. El relevamiento además pone el foco en la destrucción de 25 mil puestos de trabajo.

“Los efectos del ajuste son muy tristes”, describió a Página|12 la exsecretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño, quien explicó además que antes de abandonar la gestión, en diciembre, hicieron desembolsos a cooperativas de barrios populares de todo el país que desarrollan las obras para garantizar la continuidad del programa, aunque Milei le quitó el financiamiento en febrero pasado, en medio de la pelea con las organizaciones sociales. Según las organizaciones, por esta razón ya se contabilizan más de 25 mil despidos.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se financiaba con un 9 % del impuesto PAÍS (que el gobierno recortó al 1 %), préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, aportes de Nación y un 15 % del Aporte Solidario y Extraordinario para las grandes fortunas. Ahora salió de la órbita de Desarrollo Social y se encuentra en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda -que depende de Economía- reconocieron que hubo un parate en las obras, aunque aclararon que fue para analizar, a través de una auditoría, el estado de las tareas. Además, negaron despidos en la Secretaría, aunque admiten que el impacto del recorte presupuestario afecta a trabajadores terciarizados. De todos modos, aseguran que en las próximas semanas podrían reactivarse las construcciones que se encontraban paradas. «Se les va a dar continuidad», dijeron, sin precisar cifras concretas.

Narcotráfico y delincuencia, los efectos tras el ajuste

El director Ejecutivo de la ONG TECHO, Juan Maquieyra, dijo a Página|12 que el freno a las obras de integración socio urbana trae dos grandes problemas: por un lado, miles de familias se quedan sin la posibilidad de acceder a una vivienda y servicios básicos esenciales. Por el otro, “en los barrios más postergados, cada paso atrás en la implementación de políticas públicas facilita el avance del narcotráfico y otras problemáticas graves”. “Antes las cuadrillas empleaban a personas de los propios barrios para hacer las obras, ahora se incrementa la presencia de bandas de narcomenudeo que captan a los jóvenes”, advirtió.

Miño coincidió y aseguró que “con la pérdida de trabajo se ve el aumento del narcotráfico y la delincuencia”. Aunque aclaró que algunos municipios absorbieron la mano de obra de las cooperativas, dijo que no es la mayoría de los casos. Además, defendió tanto la ley que días atrás cumplió siete años como el trabajo realizado en los barrios carenciados y afirmó que “en muchos casos era la primera vez que llegaba el Estado”.

En números, hubo más de 250 mil obras, entre mejoramientos de viviendas y obras generales de integración. Desde la creación del FISU, hace tres años, se finalizaron 207 mil que alcanzaron a más de 5.000 barrios, al tiempo que unas 100 mil familias aguardan la reactivación para acceder a luz, agua, gas, veredas, calles e infraestructura urbana.

Hasta 2023, hubo 1.276 obras de integración y 117 obras de acceso al suelo. También se realizaron más de 58 mil conexiones eléctricas y 75.700 de agua; así como otras 37.787 conexiones a la red cloacal y otras 8.500 para instalaciones de gas. El objetivo de la ley es mejorar la infraestructura y el acceso a los servicios, pero también realizar tareas en espacios públicos y eliminar las “barreras urbanas”, para mejorar la conexión de las zonas y la conectividad, entre otros aspectos.

Para Maquieyra, es clave que el programa sea sostenido y transversal a las fuerzas políticas “para lograr que ninguna familia en Argentina viva sobre un piso de tierra, sin luz, sin gas o sin agua”. Además, destacó el rol del programa de urbanización porque permitió acceder a una “realidad que antes era invisible” y la construcción de políticas junto con las comunidades, a través de procesos de participación activa.

“Es fundamental el Estado con sus políticas públicas en colaboración con el sector privado y la sociedad civil. Sin techo no hay libertad, sin baño no hay libertad, sin vivienda no hay libertad”, afirmó en tono crítico con el ajuste. “Hoy la política de integración socio-urbana, que tuvo continuidad en distintos gobiernos, cuenta con 30 veces menos recursos que antes”, describió.

Hambre y ajuste, un combo explosivo

En paralelo a los despidos y la suspensión de obras, la motosierra de Milei y compañía derriba la contención social en los barrios más pobres, con el recorte despiadado a los comedores populares, que desde hace meses no sólo no reciben asistencia, sino que además son atacados de forma permanente mediante operaciones que buscan crear la idea de que no existían.

Mientras el hambre y la pobreza crecen, días atrás, el gobierno reconoció que tenía 5.000 toneladas de comida en depósitos sin distribuir, a pesar del reclamo de las organizaciones por falta de alimentos. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello le dio tres días a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que cumpla con un plan de entrega e informe la cantidad de especie y alimentos hallados en los depósitos.

Miño lamentó que las políticas de ajuste afecten a las familias que enfrentan una situación más que dramática. “Faltan muchas obras, pero el hambre pone todo a un costado. El deterioro que vemos en esos meses es fatal. Empezamos hace unos años a trabajar con la esperanza de transformar los barrios populares y ahora estamos discutiendo la comida. Es muy triste”, lamentó.